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En lo que algunos denominan un cambio histórico en política, el Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que eliminará gradualmente el uso de las cárceles del fuero federal administradas por empresas privadas.

En un memorándum que describe el cambio de política, la fiscal general adjunta Sally Yates dijo que las investigaciones mostraban que las cárceles privadas “sencillamente no proporcionan el mismo nivel de servicios, programas ni recursos correccionales” y tampoco “representan un ahorro sustancial de los costos”. Yates agregó que los programas del gobierno para la educación y capacitación de los presos “resultaron difíciles de replicar y tercerizar” en el sector privado. En el memorándum, dijo que los contratos de trece establecimientos del fuero federal administrados por empresas privadas vencen en los próximos cinco años. La medida impactará a unos 22 mil de los 193 mil presos federales. La mayoría son inmigrantes condenados por cruzar la frontera sin permiso, cargos que actualmente representan el cincuenta por ciento de todas las acusaciones realizadas por el fuero federal. Esto se produce después de una serie de informes realizados por periodistas de investigación. (Democracy Now!)