Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Organismos de derechos humanos denunciaron los constantes atropellos contra el Estado de Derecho por parte del régimen de Cambiemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El documento alerta sobre “la gravedad del problema de los presos políticos en la República Argentina y la violación de Derechos Humanos fundamentales que ello conlleva”.
Representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, Hijos Capital, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, la Asamblea permanente por los Derechos Humanos e Iniciativa Justicia, entregan hoy un documento que alerta sobre la gravedad del problema de los presos políticos en la República Argentina y la violación de Derechos Humanos fundamentales que ello conlleva, al Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Dr. Pablo Saavedra Alessandri.
En el extenso documento, del que citamos algunos párrafos, los organismos denuncian ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “una serie de hechos que actualmente hacen peligrar la vigencia de las garantías fundamentales de las personas consagradas en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos con el objeto de que, en auxilio de la institucionalidad de nuestro Estado, se adopten las medidas que la Corte estime pertinentes”.
“En el transcurso de los últimos tres años el ejercicio del poder judicial de nuestro Estado ha comenzado a desandar un camino que colisiona directamente contra los postulados más elementales de un Estado de Derecho. Lejos de mantenerse la sana, democrática y republicana independencia entre los poderes públicos, el Poder Ejecutivo Nacional ha ejercido de manera constante su presión política sobre los Magistrados que integran el Fuero Federal de este país”.
“Aquella situación ha llegado hasta tal punto que el propio Poder Judicial se ha convertido en un instrumento del Poder Ejecutivo. Un medio para perseguir a opositores políticos y a todos aquellos que sostengan proclamas distintas a las que enarbola el partido político que actualmente ejerce el gobierno nacional”.
“La situación descripta puede ser advertida con meridiana claridad en el caso de los presos políticos que hoy, lamentablemente, pueblan los complejos penitenciarios de nuestra patria”.
“Nuestra nación, amén de haber suscripto y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha acuñado una correcta doctrina acerca de cuáles son los únicos supuestos que permiten privar de la libertad ambulatoria a una persona antes de que recaiga contra ella una sentencia condenatoria firme. Aquella doctrina no ha sido más que el reconocimiento de la vigencia del principio de inocencia y sus derivados estableciendo que solo puede restringirse la libertad durante el proceso por motivos estrictamente cautelares (y de acuerdo con el principio de necesidad y proporcionalidad)”.
“Lo cierto es que esas loables limitaciones a la imposición de la prisión cautelar han sido dejados completamente de lado por nuestra judicatura en el ejercicio de su poder tornando a ese mismo ejercicio una seguidilla de actos de arbitrariedad que, preocupantemente, no parece llegar nunca a su fin. Se ha privado de la libertad ambulatoria a decenas de personas sin haberse podido fundamentar cuál sería la necesidad de tal injerencia en sus derechos fundamentales, sin poder predicar fundada y objetivamente que su permanencia en libertad podría implicar –ni siquiera en grado hipotético- algún tipo de riesgo para la continuidad del proceso penal que se les sigue”.
Una particularidad ha de llamar poderosamente la atención de cualquier observador objetivo: todas las personas que han sido encarceladas resultan ser militantes políticos opositores al partido que ejerce actualmente el Gobierno.
“La evidencia acerca de que el Poder Judicial se ha transformado en un instrumento de disuasión, tortura y persecución al que echa mano a su antojo el Poder Ejecutivo Nacional se corrobora por lo siguiente:
“Se ha decretado la prisión preventiva de personas que ya se encontraban detenidas en el marco de otras causas, se ha sometido al negocio jurídico la permanencia en libertad de las personas (otorgándosele la libertad solo a aquellos imputados que bajo coacción declarasen acerca de hechos –ciertos o no- que pudieran ser de utilidad para continuar con la feroz persecución política desplegada), se ha impuesto prisión preventiva a personas por el solo hecho de haber ejercido cargos públicos en el gobierno anterior –aduciéndose que esa sola circunstancia permitiría por sí sola presumir que contarían con “lazos funcionales” que podrían procurarles impunidad-, se ha impuesto la privación de libertad inmediata de personas sin haber adquirido firmeza el fallo que disponía su condena”.
“En esta situación de alarmante deterioro institucional de nuestro Estado, formulamos esta presentación por ante el Sr. Secretario a efectos de que sea puesta en conocimiento de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el presente período extraordinario de sesiones y quedamos a su disposición para, en caso de considerarlo necesario, ampliar los motivos de este pedido”.
