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La concejala Claudia Rodríguez, presidente del bloque de Acción Marplatense, se refirió a “Rancho Móvil”.

 

“Respecto de las investigaciones que se llevan adelante por la construcción de viviendas no autorizadas por la asociación Rancho Móvil, y en virtud de lo solicitado por el Tribunal de Cuentas, desde Acción Marplatense solicitamos se agregue no sólo el acta de la reunión de la Comisión de Turismo en la que estuvieron los funcionarios del EMTUR, sino también las desgrabaciones de todos los dichos. Entendemos que a los fines de la recopilación de información fehaciente y certera dichas transcripciones serán de mayor utilidad. Oportunamente solicitamos también que estas desgrabaciones fueran adjuntadas a la denuncia penal presentada por el Municipio” afirmó la concejal Claudia Rodríguez.

La Presidenta del Bloque de Acción Marplatense agregó “En la última reunión de la comisión de turismo solicitamos que la misma se constituyera en la UTF Playa Redonda, de la cual la Asociación Civil Rancho Móvil tenía el permiso precario de uso, para poder visualizar el avance de los trabajos de desalojo de las cabañas construidas y las casillas rodantes”.  

“Queremos que se aporte toda la información que sea necesaria para aclarar las responsabilidades, tanto de quienes construyeron irregularmente como de quienes debieron realizar los controles en tiempo y forma. Por ello nos parece fundamental que todas las actas y desgrabaciones sean aportadas al expediente que tramita en el Tribunal de Cuentas y a la denuncia penal que realizó el municipio, para contribuir a la transparencia” continuó la edil.  

La concejal añadió “La institución Rancho Móvil de la Costa existe y utiliza el lugar desde el año 2003 y fue denunciada en el año 2018 por haber incurrido en acciones indebidas. Las autoridades de la institución deberán explicar ante la justicia como llegaron a construirse 17 casas sobre el acantilado con una reglamentación que se los impedía”.  

“Nos queda claro que hubo una falta de controles por parte del municipio en estos años. Recordemos que la obligación de los controles sobre las Unidades Turísticas Fiscales la tiene el EMTUR y es éste ente a través de su titular quien debe dar las respuestas necesarias, no alcanza solo con decretar la caducidad porque acá hay responsables políticos de tamaña transgresión. Podríamos estar frente a la omisión de los deberes de funcionario público, y eso es una falta grave que se debe investigar” finalizó Claudia Rodríguez.