Abuelas de Plaza de Mayo repudia la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín.
Dicho Tribunal concedió la excarcelación al represor Eduardo Alfonso, condenado en noviembre de 2017 a la irrisoria pena de 4 años de prisión por el allanamiento ilegal, el secuestro de la embarazada Beatriz Recchia y de su hija Juliana Inés García, y arbitrariamente absuelto por el asesinato de Antonio Domingo García, ocurrido en el mismo operativo.
Pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y Juliana Inés García y aunque se encuentra acreditado el peligro de fuga de Eduardo Alfonso en función de sus antecedentes, el Tribunal dio la excarcelación por entender que bastaba el mero cumplimiento del requisito de los dos tercios de esa condena y de su buena conducta en el penal.
Cabe recordar que las querellas y la fiscalía habían solicitado al tribunal la pena de prisión perpetua por el allanamiento ilegal, estos secuestros y por el asesinato de Antonio García. Los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez, en su sentencia, consideraron que se trataba de crímenes de lesa humanidad y dieron por probada la participación de Alfonso en el allanamiento ilegal en Villa Adelina y en los secuestros. Sin embargo, por estos graves delitos impusieron la pena mínima de 4 años y, además, insólitamente, decidieron absolverlo por el homicidio de García, ocurrido en ese mismo operativo.
A fines de 2017, Abuelas recurrió esta absolución y la injusta pena que Alfonso recibió. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver este requerimiento, pero el genocida ya fue alcanzado por el beneficio de la excarcelación pese a la gravedad de estos crímenes de lesa humanidad y a que la Cámara podría revocar su absolución. Ante estos nuevos acontecimientos, solicitamos a la Casación celeridad en su resolución.
Gracias a la impunidad de la que gozó durante 40 años, Alfonso llegó a ser Secretario General del Ejército durante la jefatura del General Ricardo Brinzoni. Recién en diciembre de 2008, fue detenido y procesado, pero en agosto del año siguiente la Cámara Federal de San Martín lo liberó. En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó a Paraguay, donde vivió cuatro años con documentos de identidad falsos. Con estos antecedentes, resultan insuficientes las medidas que adoptó el tribunal -prohibición de salida del país, caución real y el monitoreo electrónico- para neutralizar el riesgo de fuga.
“Las víctimas y familiares de desaparecidos luchamos pacíficamente durante cuatro décadas para obtener justicia para nuestros seres queridos. En estos años, hemos convivido con los asesinos de nuestros hijos e hijas, con quienes nos robaron a nuestros nietos y nietas. Continuaremos exigiendo que los jueces estén a la altura de la labor que la democracia les demanda para sostener la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
