El cuestionado protocolo antitomas del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entró en vigencia tras estar suspendido por la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, encendió las alarmas en los padres y profesores.
“Lo que más me preocupa es que a partir de la identificación de los alumnos hagan listas negras”, expresó Gustavo Moreno, asesor tutelar porteño.
En ese sentido, consignó Infonews, argumentó su temor señalando que “la cuestión de llamar a los padres implica individualizar a los chicos”, norma que entra en “tensión con el libre derecho de expresión del alumnado”.
En cuanto a las acciones, Moreno decidió elevar copias del expediente a la asesora general tutelar, Yael Bendel, con el fin de que evalúe interponer un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones.
Fue la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso la de declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad, dejando así el camino allanado para que se implemente el protocolo.
