Cerca de cincuenta organizaciones comprendidas por juristas, abogados, comunicadores, periodistas y académicos se presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El primer organismo en presentar argumentos y recomendaciones fue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Tres fueron los argumentos que apoyan la reincorporación de los 357 despedidos: el deber del Estado de proteger el derecho al trabajo; el principio de no discriminación; y los efectos negativos del desmantelamiento de Télam para la vigencia del derecho a la comunicación en el país.
“Una gran parte de los trabajadores despedidos de Télam han sido víctimas de prácticas discriminatorias, toda vez que los propios directivos de la empresa han expresado su intención de realizar una ‘limpieza ideológica’, aduciendo que la empresa estaría llena de ‘militantes’. Y, aunque la empresa argumenta que los despedidos son de ‘más de cinco’ sindicatos, lo cierto es que, de los 354 despidos, 120 no tenían afiliación sindical formal y 226 se encontraban afiliados a solo dos sindicatos: Sipreba y Sitrapren, sindicatos que mantuvieron una serie de conflictos con la actual administración de Télam”.
Según el CELS, el/la trabajador/a y su derecho al trabajo son objetos de preferente protección. La protección frente al despido arbitrario es expresión de estos lineamientos. Y el procedimiento preventivo de crisis y las obligaciones que deben cumplimentar tanto el empleador como la autoridad pública son mecanismos de resguardo concretos que apuntan a esa necesaria protección.
“Al mismo tiempo, el respeto del principio de igualdad y la prohibición de la discriminación son fundamentales para el goce y ejercicio del derecho al trabajo, y son de nodal importancia en las relaciones laborales, en las que trabajador y empleador se encuentran en una situación estructural de desigualdad”, manifestaron desde el centro.
Por último, a través de la presentación, el CELS reveló que las fuentes de consulta y provisión de información se redujeron, situación que tiene como consecuencia la re-centralización de la producción de información en los grandes centros urbanos “como el gran Buenos Aires y Córdoba, al tiempo que se invisibilizan las realidades del resto de las provincias del país”.
