La eventual suspensión de tratamientos de diálisis a partir del sábado, que podría afectar a unas 1.500 personas vulnerables, por falta de pago a prestadores del programa Incluir Salud, motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Marcelo Honores.
La situación fue expuesta por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), a partir de una deuda que superaría los 250 millones de pesos y que dataría de hace más de un año.
En ese contexto, Honores instruyó a la secretaria de Salud de la Defensoría, Marcia Lázaro, para que requiera toda la información necesaria a las autoridades bonaerenses de Incluir Salud, con la premisa de “garantizar el acceso a la salud” de todos los habitantes de la Provincia, con cobertura de este programa financiado por Nación, que necesitan diálisis.
CADRA informó que a nivel país son 200 los centros de salud privados afectados por la falta de pagos. A través de un comunicado, la entidad expresó que le pidieron “una solución inmediata, para evitar consecuencias no deseadas” al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), Santiago Ibarzábal y al responsable de Incluir Salud, Pablo Atchabahian.
Incluir Salud depende de la AND y da cobertura de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables. (InfoGEI)
