La capacitación de funcionarios “es fundamental para reducir desigualdades”.
La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires asistió a la presentación del Consejo de Políticas de Género Transversales para la Administración Pública, y a la primera capacitación de la Ley Micaela para todo el gabinete.
De la actividad, realizada en Gobernación a cargo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, también formaron parte el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Hacienda, Pablo López; el de Infraestructura, Agustín Simone; la de Comunicación Pública, Jésica Rey; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.
La ley Nº 27.499, conocida como Ley Micaela, obliga a todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado Nacional (la provincia de Buenos Aires adhiere mediante la ley Nº 15.134) a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. Lleva ese nombre por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.
Ruiz Malec sostuvo que “La Ley Micaela es fundamental porque, si queremos hacer políticas públicas con enfoque de género que permitan reducir los femicidios, pero también reducir la desigualdad a todo nivel de nuestra sociedad, con todos los géneros, mujeres, lesbianas, trans, travestis y disidencias, debemos empezar los funcionarios públicos. Capacitarnos en la temática es el primer paso”.
“Estamos todos en proceso de deconstrucción y, en el gabinete del Gobernador, somos todos científicos y creemos que hay que aplicar un método, que hay gente que tiene experiencias valiosas para trasmitirnos, y, por eso, creemos que la capacitación es el paso uno, sin el cual no se puede avanzar en nada más”, completó la ministra de Trabajo.
En este sentido, mencionó la necesidad de avanzar en la administración pública con la implementación del cupo trans, ya que se trata de “una población muy postergada y atacada”.
“Estamos colaborando con el Ministerio de las Mujeres para la reglamentación de las licencias por violencia de género pero, además, hay una misión porque parte de la desigualdad, la parte más conflictiva, tiene que ver con lo económico y la falta de acceso a un trabajo remunerado. Tenemos ahí una tarea muy fuerte que hacer, tenemos poblaciones que todavía tienen dificultades enormes para insertarse”, concluyó Ruiz Malec.
