Ordenan detener a abogado por defender a vecinos.
Organizaciones sociales y políticas de Jujuy denunciaron hoy que el Poder Judicial de esa provincia ordenó la detención del abogado Héctor Huespe, que patrocina a vendedores callejeros nucleados en la Asociación de Ambulantes y Feriantes de Jujuy (AFAAJ) y que el miércoles pasado intervino en defensa de los vecinos durante la represión llevada a cabo por la policía provincial en el barrio Campo Verde, en las afueras de la capital jujeña.
En diálogo con Télam, el abogado Luis Paz, quien asumió la defensa de su colega, denunció que a Huespe «no se le permitió ejercer su legítimo derecho de defensa, se le violentó el debido proceso y, con el pedido de detención ordenado por un juez, se violenta también el principio de inocencia».
Paz relató que en la tarde del viernes agentes de la policía de Jujuy se presentaron en la vivienda particular de Huespe y, al no encontrarlo, le notificaron a la esposa sobre la existencia de una supuesta orden de detención.
La mujer, sin embargo, no pudo acceder a la resolución, ni tampoco leer o sacarle una foto a los fundamentos, porque los policías no se lo permitieron.
«Lo más grave es que no dejaron la orden (de detención) en el domicilio, y el Juzgado de Control no atendió. El juez desde el mediodía (del viernes) se retiró, y no regresó al edificio», denunció el letrado Paz, quien además criticó el funcionamiento del juzgado en cuestión, a cargo del magistrado Jorge Zurueta.
Hoy por la tarde, en contraste con los dichos de Paz sobre la supuesta orden de detención, en el diario jujeño El Tribuno publicaron que «desde el Ministerio Público de la Acusación desmienten categóricamente que se haya solicitado por el momento la detención del letrado» (por Huespe).
«Huespe no fue detenido pese a estar imputado en varias causas», señalaron en ese medio.
Sobre el panorama judicial de Huespe, el abogado Paz señaló que su defendido «está siendo investigado por entorpecimiento funcional» en base a un hecho en el cual «supuestamente habría interrumpido a un inspector de la municipalidad (de San Salvador de Jujuy) cuando intentaba decomisar mercadería a un vendedor ambulante».
«A Huespe le inventaron sucesivas causas judiciales y contravencionales para poder privarlo de su libertad», alertaron por otro lado varias organizaciones que se refirieron al caso a través de un comunicado, al que tuvo acceso Télam.
«En los últimos días (a Huespe) le negaron el libre ejercicio de su profesión, al prohibirles a quienes fueron arrestados en Campo Verde, en medio de la represión que ordenó (Gerardo) Morales, que lo designen abogado», denunciaron.
El miércoles último en horas del mediodía, en el barrio Campo Verde, 300 efectivos reprimieron con balas de goma, gases lacrimógenos, bastones y cargas al galope de la policía montada a una multitud de vecinos -entre ellos niñas y niños- que se oponen a la construcción de una escuela secundaria en el único espacio verde de la zona, al que definen como ‘La Olla’.
Muchos habitantes del barrio realizan actividades deportivas y recreativas en ese lugar, que también cuenta con una biblioteca popular.
Durante el operativo, los uniformados detuvieron a cinco personas, que fueron liberadas al día siguiente tras ser notificadas de los cargos que se les imputan: «usurpación en la modalidad de turbación de la posesión», según informó el fiscal que dispuso la acción de la policía, Alejandro Maldonado.
Huespe, que ese mismo miércoles había presentado varios hábeas corpus para pedir la liberación de los detenidos, luego fue imputado con la misma figura penal.
No se trató del primer episodio de represión en ese lugar y con ese motivo, ya que el 8 de marzo hubo otro despliegue policial en el barrio Campo Verde, con la presunta participación de agentes no identificados y en horas de la madrugada.
Pocos días después, el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, envió un pedido de informes a su par de DDHH de Jujuy: el requerimiento nunca fue contestado.