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El año 2016 será recordado por todos los docentes universitarios. Aunque no necesariamente de la mejor manera.  Desde un comienzo supimos que este año debíamos enfrentar el desafío de lidiar con una nueva gestión gubernamental que,  a priori, se mostró adversa al sector público y a las universidades.

Todos los docentes universitarios recordábamos  las frases despectivas hacia el sistema universitario nacional y sus universidades públicas pronunciadas  por parte del presidente Mauricio Macri (cuando era candidato) y de los distintos referentes del nuevo gobierno. Sin embargo,  esto no impidió nuestra sorpresa con el anunció de su primera medida para el sector universitario: la designación de un productor de TV como secretario de políticas universitarias.  Aunque el malestar que esta designación generó alcanzó para revertir esta decisión también nos advirtió de la necesidad de prepararnos para lo que vendría. En simultáneo, como si existiera un plan orquestado, por entonces  asistimos al inicio de una campaña (que aún continua) impulsada desde los principales medios de comunicaciones afines al nuevo gobierno que buscaron estigmatizar a las Universidades Nacionales cuestionando sus tareas, planteando una discusión acerca de su utilidad y que se tradujo también en medidas de suspensión de acuerdos y convenios firmados con distintas áreas del Estado.  

Como si esto fuera poco, los trabajadores universitarios  comenzamos a sufrir, como todos, los efectos de las medidas económicas del nuevo gobierno. La liberación del llamado “cepo cambiario” y la devaluación de la moneda que trajo aparejada, tuvieron como efecto inmediato un fuerte aumento de precios. Se produjo así un ajuste de salarios por inflación que volvió  realidad la  pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. Para colmo los “tarifazos” llevaron esto a un nivel más dramático e incluso pusieron en duda nuestro presupuesto. Esta combinación de factores  terminó de convencernos que salir a la calle a defender la universidad pública era algo más que una opción, era un deber.  Por ello, contestamos los agravios y desde los primeros meses de 2016 le exigimos al gobierno entrante que atienda la situación de nuestro sector y convoque a apertura de la paritaria salarial a fin de evitar el deterioro de nuestro salario.

Tras la primera reunión donde se plasmó una oferta salarial del 10% para todo el año, advertimos  que el camino sería muy difícil.  Conscientes del desafío que debíamos encarar, desde la CONADU  decidimos  movilizarnos y realizar distintas medidas de fuerza.  Nos costó mucho esfuerzo, pero tras dos meses de conflicto y luego de la gran movilización de todos los integrantes  del sistema universitario que se realizó  el 29 de mayo, finalmente el gobierno  cedió y así se alcanzó  un acuerdo salarial. El mismo, que estableció un incremento de entre 34 y 35%, en cuotas, se firmó con la condición de discutir el 29  de septiembre una nueva recomposición si existían señales de una inflación superior a ese porcentaje. En base al principio de negociación, que indica que los acuerdos se deben cumplir,  los docentes esperábamos que el gobierno honrara lo que firmó y discutiéramos nuevamente en octubre un aumento.   

Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra y mediante dilaciones y excusas no aceptó  discutir nuevamente la recomposición de salarios.  Es en este contexto donde también aparecieron más definiciones del gobierno acerca de modificar el sistema de Ciencia y Técnica mediante un fuerte ajuste presupuestario , de profundizar las divisiones y desigualdades en el sistema universitario mediante asignación discrecional de fondos  que se cristalizaron en la propuesta de ley de presupuesto  2017  (que además establece metas y pautas presupuestarias que amenazan el normal desenvolvimiento de las actividades en las Universidades Nacionales) ,  y donde se produjo  una nueva embestida estigmatizante, esta vez mediante una denuncia de un fiscal que pretendió instalar un manto de sospecha generalizado acerca de la utilización de recursos  por parte las universidades nacionales. En definitiva una operatoria  conocida y muy utilizada en los años 90: precarización, ajuste y estigmatización para las universidades nacionales.

El fin de año nos revela un panorama preocupante:  La perdida de cómo mínimo 10 puntos del poder adquisitivo de los docentes universitarios, la discrecionalidad e intransigencia del gobierno nacional respecto a la asignación de fondos y la búsqueda de establecer diferencias entre los trabajadores de la universidades nacionales  mediante el otorgamiento de un bono para el personal universitario no docente son algunas de las señales que ratifican el inicio de una nueva época para las universidades nacionales y prefiguran un 2017 de numerosos conflictos. Es cierto, el futuro de las universidades nacionales no está escrito pero todo indica que la idea del gobierno es hacerlo bastante parecido a los años 90. Al igual que entonces todos  tendremos la tarea de defender a la universidad pública argentina y para ello estamos preparados.

Enrique Andriotti Romanin

Sec. Adjunto ADUM