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El presupuesto marca no sólo una orientación ideológica del gobierno de turno sino también expectativas económicas y sociales concretas para cada uno de los mortales, a partir de la asignación y afectación de recursos propuesta. Esto es así pues a partir de los objetivos proyectados se tomarán decisiones que tienen claro impacto en el proceso de distribución de la riqueza y de los ingresos. 

El presupuesto 2017 nos plantea claramente un fenómeno de distribución al revés, donde los recursos fluyen de los que menos tienen a los sectores más concentrados, que resulta recesivo y ajustador y que además ofrece dudas y contradicciones.
El índice de inflación del 17 % aparece como el mayor ordenador. Sin embargo el aumento de precios acumulado a fin de año no bajará del 36 %, frente al impacto de los tarifazos, los sostenidos aumentos de productos y servicios y una tasa de LEBAC de casi el 27 %, por lo que resulta un tanto misteriosa la abrupta baja prevista de 20 puntos. La única explicación posible es la recesión. Un marco donde los precios ya no puedan aumentar por falta de demanda, siendo su contratara un fuerte costo social. De paso ese pretendido 17 % oficiará de disciplinador de los salarios frente a las paritarias, contribuyendo al escenario al que aspiran los “inversores” para traer capitales.
Se aspira la economía crezca un 3.5 %, que frente al crecimiento negativo del PBI del año en curso, parece al menos una sobreactuación para inyectar optimismo para la inversión y disimular con supuestos mayores ingresos un déficit, provocado por la caída de la actividad económica y la quita de retenciones al agro y la minería.
Por último la vedette de este presupuesto es el endeudamiento de casi u$s 45.000 millones, del los cuales sólo 266 será para obras. El resto, osea casi todo, tendrá por destino pagar deudas, abonar elevados intereses por deuda recientemente contraída y constituir un fondo de eventualidades, que huele a cobertura de gastos corrientes. O sea hipotecar el futuro de todos los argentinos sin correlato alguno en la producción, ni en la generación de empleo ni en el desarrollo sostenible e inclusivo del país.
En este marco se augura un buen clima de negocios para la bicicleta financiera, fomentada por las altas tasas que ofrece el BCRA y un dólar planchado, que desalienta toda inversión productiva, alimentando la vieja receta de la valoración financiera, a costa de los trabajadores y de las PYMES.
Por cierto el pronóstico del clima no anuncia “lluvias” de inversiones por ahora, frente a un consumo en picada, capacidad instalada ociosa de casi el 35 % y un negocio especulativo que viene atrayendo en forma excluyente los capitales que han ingresado.
La única alternativa debería venir entonces del sector privado, para el que se ha diseñado un proyecto de ley de “Participación público-privado” que debería garantizar de una vez por todas esa tan esperada lluvia. Eso sí a cambio de concesiones, que van desde la adjudicación directa, la no publicación en el Boletín Oficial, la sujeción a tribunales extranjeros y la garantía de utilidades “razonables”.
Si consideramos que en la lógica del empresariado concentrado lo razonable de la rentabilidad pasa por la maximización del lucro, ¿podremos pensar seriamente que habrá algún posible derrame para los trabajadores y los eslabones más débiles de la cadena productiva?
Hoy tuvo media sanción la llamada Ley de Leyes. Está claro que es mucho más que un mero equilibrio entre ingresos y egresos públicos. Hoy se selló en gran medida el destino de nuestros presupuestos familiares, de la capacidad de compra de nuestros salarios y de la viabilidad de muchas PYMES.

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