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En la Argentina hubo varios periodos en los cuales la democracia estuvo en juego. Periodos en los que la vida misma estuvo en juego. Estos estuvieron caracterizados por intervenciones militares, todos ellos, derrocando a gobiernos que habían sido elegidos popularmente y que pretendían instalar a partir del terrorismo de Estado programas económicos, sociales y culturales. Procesos que, se sucedieron particularmente en el siglo XX más precisamente desde 1930, hasta el último, el más sangriento, y del que aún hoy el pueblo sigue padeciendo sus secuelas, el llamado y auto proclamado “Proceso de reorganización Nacional” en 1976.

El golpe cívico militar y eclesiástico de 1976 dejó 30.000 personas desaparecidas y centenares de niños apropiados, tuvo momentos que recrudecieron su accionar contra los habitantes del pueblo, y en lo que respecta a la comunidad LGTB y a pesar de los esfuerzos de las organizaciones de DD.HH como Madres y Abuelas, entre otras, no se pudo llegar a datos exactos de cuántos y cuántas de esos 30.000 pertenecían a la comunidad LGTB y esto es lógico ya que por esos tiempos nuestra comunidad no se encontraba visibilizada y es que suponía un “acuerdo social” que ser PUTO, TRABA o TORTA podía llegar hasta incluso ser peor que pensar en soberanía.

Luego de casi diez años desde la última elección, vuelve a asumir un gobierno constitucional en nuestro país y con un emotivo discurso -así lo recuerda la historia- del entonces recién asumido presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Citando al preámbulo de la Constitución Nacional hablo de democracia y libertades. Pero ¿había llegado la democracia para todos? ¿El Estado dejaría de perseguir a su pueblo utilizando sus fuerzas militares o policiales? ¿El Estado garantizó la libertad de circulación sin discriminación?

Lo cierto es que el Estado y a pesar de la tan ansiada democracia recién vuelta a nacer, no sólo utilizó sus fuerzas militares y policiales sino que se valió de leyes como los códigos contravencionales para perseguir sistemáticamente a personas del colectivo LGTB. Prueba de ello son los art 68 y 92 Inc. E del decreto ley 8031/73 que regía en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13887 (promulgada en octubre de 2008) los derogó. Recién veinticinco años después de aquél discurso que prometía libertad y democracia para todos y todas, las travestis, transexuales y transgéneros podrían por ley “caminar con libertad” por el territorio bonaerense. La C.A.B.A sólo cuatro años antes reconoció este derecho y por el art 81 de la ley 1472 de septiembre de 2004 nos permitió circular “libremente” por las calles. Estos artículos básicamente criminalizaron el sentir del género autopercibido, ya que su texto se refería a condenas que iban desde los 30, 60 y 90 días de arresto por circular con vestimenta no adecuada al sexo o por oferta sexual en la vía pública lo cual hoy suena irrisorio. Si no te dejaban circular libremente, menos posible seria pensar en un trabajo.

Recuerdo que en una de las reuniones que tuve con la referente Lohana Berkins – hoy fallecida- por un proyecto que ella venía trabajando a nivel legislativo y A.M.I –Asociación por un Mundo Igualitario- a nivel judicial, me contaba que llegó a contabilizar 9 años de prisión entre las entradas y salidas que tuvo en esos años. ¿Se imaginan ustedes ir a comprar el pan corriendo y volver corriendo para no caer detenida?. Hace pocos días en la Cátedra Abierta que lleva su nombre y que se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, mientras yo contaba esto, la activista Daniela Castro hace un paréntesis y no sólo aseveró los dichos – ya que los vivió- sino que además profundizó en la charla y nos contó que en esas detenciones hubieron reiteradas violaciones con acceso carnal que sufrían las travestis por parte de los efectivos policiales, que eran alojadas con presos comunes con los cuales también quedaban expuestas a diversas situaciones de riesgo y las humillaciones y torturas que iban desde la violencia verbal hasta la agresión física que se traducía en “manguerazos de agua helada en pleno invierno” “golpes” “rapaduras de cabeza,” etc.

Hacía dónde vamos… #ReconocerEsReparar

Reconocer es reparar establece una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de genero como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal.

La población travestí- transexual y transgénero que fue víctima de estos procedimientos hoy supera los 40 años, y teniendo en cuenta la expectativa de vida actual que hay para la población (35 años) se está hablando “sobrevivientes” como se las llama en los circuitos que reúnen a la comunidad LGTB, lo cual cabe decir, una ínfima porción de personas dentro de lo que es un grupo minoritario en la sociedad. 

Hay que tener en cuenta además, que se deberá probar ante la Autoridad de Aplicación la situación de encierro a la que se refiere el proyecto, esto quiere decir, no cualquier tío alcoholizado con peluca accederá al beneficio burlando el sistema. Esta reflexión tiene que ver con que ya largas líneas se han escrito al respecto con un total desconocimiento y vulnerando nuevamente la dignidad humana del las personas travestís – transexuales y transgenero. En definitiva se apunta a que este grupo de personas pueda acceder a una vejez digna, con los beneficios que la seguridad social suponen. 

A continuación una síntesis de lo antes expuesto: "El único delito que se nos imputaba era la peligrosidad que suponían nuestros cuerpos; nosotras nunca encajamos en la ley" Lohanna Berkins.


Agustina Ponce.
Asociación por un Mundo Igualitario A.M.I