Columna de opinión de Roberto Caballero.
La política local copia a Netflix. De los grandes debates sobre la soberanía, a este presente de conspiraciones criminales, donde lo siniestro y lo disparatado crean una trama irrespirable, han pasado solamente dos años. Todo comenzó con un fiscal que buscaba tesoros con excavadoras mecánicas en campos de la Patagonia. Entonces, parecían imágenes extraídas del mundo de lo absurdo. Transcurre ahora con un juez pistolero ordenando la detención de la ex presidenta nada menos que por “traición a la Patria”, mediante un dictamen antijurídico traducido en un relato, además, ridículo. Dos años pasaron, la mitad del gobierno de Mauricio Macri. Dos años, y de festejar con algarabía la recuperación de la Fragata Libertad de manos de los “fondos buitres”, hoy, una parte de la sociedad, ni siquiera parece inquietarse por el destino de los 44 submarinistas del ARA San Juan, hundido vaya a saber por qué o por quiénes en las profundidades del Mar Argentino. El estado de hipnosis social es sorprendente.
“Presidente, ¿en serio se tomó usted vacaciones?”, preguntó casi con inocencia la hermana de la oficial Eliana Krawczyk, única mujer de la tripulación desaparecida. “¿Usted es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? Desde mi punto de vista tendría que estar en Puerto Belgrano verificando las operaciones de búsqueda del ARA San Juan”, dejó por escrito en su cuenta de Twitter. La tragedia se ha privatizado. Esto mismo que se preguntan los familiares, esta inquietud básica nacida de un razonamiento obvio, no aparece como interrogante en los medios capturados por el oficialismo, que constituyen el 95 por ciento del paisaje comunicacional del país.
Los medios hoy son inmensas brochas que pintan escenas traumáticas para la democracia con impresionante naturalidad: un joven mapuche asesinado por la Prefectura tiene la culpa de su asesinato, un joven artesano empujado a la muerte por Gendarmería es responsable de no saber nadar, un proyecto de ley previsional que saquea los ingresos de millones de jubilados actuales y futuros a pedido del FMI es defendido por los legisladores oficialistas y por una gran parte de los opositores también, una legisladora del Parlasur como Milagro Sala permanece injustamente detenida y hay personas que todavía dudan sobre las razones políticas de su encierro, y voces como las de Víctor Hugo Morales, Horacio Verbitsky, Roberto Navarro y tantos otros desaparecen a la fuerza de la TV, de las radios, de los diarios y la mayoría de sus colegas no advierte ni siquiera la censura macrista o directamente apoya esta suerte de higienización ideológica del mainstream.
Dos años, y el sentido común habilitado desde el poder garantiza que puedan pasar las cosas más horribles sin que la administración Cambiemos pague costos políticos relevantes por sus tropelías. Supongamos, por un momento, que un navío de guerra argentino es torpedeado y hundido por una potencia extranjera, provocando la muerte de toda la tripulación. Supongamos, también, que el presidente vacila entre responder el ataque o acallar el episodio. Y, por último, supongamos, que decidiera hacer lo segundo para no colisionar con sus socios en la política exterior que lleva adelante su gobierno. Nada de esto pasó, es un relato de utilería. Salvo que el silencio sea tomado como evidencia, no hay elemento de prueba alguno que lo sostenga.
Pero el caso hipotético serviría para explicar, ante los alumnos de una clase de derecho, qué decisión presidencial podría ser catalogada de encubrimiento y “traición a la Patria”. Nada de esto ocurrió con el caso AMIA. En la Justicia tramitan dos expedientes por “encubrimiento”. El primero, que involucra a Carlos Menem, Hugo Anzorregui, Carlos Corach, Rubén Beraja, Juan José Galeano, está en etapa de alegatos, previos a la condena, y en los medios no tiene existencia ni cobertura. Estamos hablando de un proceso que tiene en el banquillo un ex presidente (que ejercía ese cargo cuando la mutual judía fue atacada), un ex jefe de la SIDE, un ex ministro, un ex presidente de la comunidad israelita y un ex juez federal.
El segundo expediente es el que manipula el juez federal Claudio Bonadío, que esperó dos años para ordenar la detención de Cristina Kirchner, principal líder opositora al macrismo. Bonadío no la metió presa cuando no tenía fueros y ahora lo intenta. Un gran hacedor de títulos el magistrado, que tiene más de 60 acusaciones en el Consejo de la Magistratura. Con argumentos extractados de las editoriales de los diarios antikirchneristas, el juez explica en su resolución que un memorándum de entendimiento con Irán, que no hizo caer las capturas de los supuestos responsables del atentado, que fue públicamente impulsado por el Ejecutivo y votado en ambas cámaras del Legislativo, y que nunca entró en vigencia por negativa de la contraparte, constituye un delito de “traición a la Patria”. Insostenible. Aún más insostenible que la hipótesis del navío de guerra hundido por una potencia extranjera.
Los delitos, para ser considerados delitos, tienen primero que haber sido cometidos. El fallo de Bonadío es un fallo político, no jurídico. Enmarcado en una feroz cacería de opositores legalmente justificada en una jurisprudencia exclusivamente aplicable a ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, la llamada “Doctrina Irurzun”. El abuso de la prisión preventiva que habilitó el camarista de la Sala II funciona en los hechos como un régimen penal extraordinario con tribunales de aplicación especiales, al estilo del “Camarón” de los ’70. El gobierno, además, introduciendo fiscales, jueces y camaristas en el derrotero de alzada del expediente, se garantizó un circuito de impunidad para sí mismo y una persecución judicial extendida en el tiempo para sus enemigos políticos.
Y todo esto pasó sin que pase mucho. Las garantías constitucionales son violadas a plena luz del día y, salvo los afectados directos por esta metodología, la gran mayoría de las dirigencias (la política, pero también la empresaria y la sindical) mira para otro lado. Hay un consenso, por temor o por convicción, con la purga kirchnerista en marcha, mecanismo de depuración que no es racial como en la Alemania del ’30, pero sí ideológico: la excusa de la corrupción es inverificable, ni el fiscal de las excavadoras encontró lo que presumía ni a los detenidos se les hallaron cuentas secretas con las fortunas que se les adjudican mediáticamente. La única plata que recuperó el Estado es la de los bolsos de López y esa es plata que entregó el propio López de la que todavía se desconoce su origen, una ínfima propina comparada con los 600 millones de pesos que “blanquearon” los amigos, familiares y funcionarios del presidente Macri. Formidable botín amasado en años con la evasión tributaria, en este caso “amnistiada” por sus mismos perpetradores y beneficiarios.
La cacería, por su parte, tiene una claridad que enceguece. Fruto de un revanchismo como no se veía en décadas. Ese odio acumulado se revela en algunos detalles en los que pocos recalan. Héctor Timerman es hijo de Jacobo, un editor de diarios que, habiendo apoyado las razones del Golpe del ’76, luego fue detenido y rabiosamente torturado por Ramón Camps. Su condición de judío agravó los tormentos. Salvó su vida de milagro. La presión internacional consiguió que fuera deportado a Israel, país desde el cual Timerman padre inició una inclaudicable tarea de denuncia del Terrorismo de Estado. Su hijo, Héctor, fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de origen judío en la historia nacional. En 2007, su abogado, Alejo Ramos Padilla, denunció a Alberto Rodríguez Varela como uno de los civiles que se paseaba por los centros clandestinos de detención donde había sido recluido Timerman padre.
Carlos Zanini es un ex preso político de la dictadura cívico-militar. Cuando fue puesto a disposición del PEN, el ministro de Justicia de Videla era nada menos que Alberto Rodríguez Varela, quien además se ocupó años más tarde de la defensa jurídica del ex dictador en los juicios que enfrentó por delitos de lesa humanidad. Zanini estuvo preso cuatro años. En la cárcel se recibió de abogado. Huyendo de la estigmatización llegó al sur, conoció a Néstor Kirchner, fue secretario de Legal y Técnico de Cristina Kirchner y, para los no memoriosos, sacó algo así como seis millones de votos como candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria, hace dos años.
La historia tiene sus vueltas. Tanto Héctor Timerman como Carlos Zanini volvieron a cruzarse con el apellido Rodríguez Varela. Otra vez en condición de detenidos, otra vez “a disposición del PEN”, ahora encabezado por Macri. Enrique Rodríguez Varela, hijo de Alberto, es el secretario de Claudio Bonadío.
En los ’70 se acusaba a los militantes de las organizaciones armadas de la izquierda como “apátridas”. Los judíos en diáspora tras la Shoa escucharon una y mil veces la misma acusación, la de “apátridas”. Tanto Zanini como Timerman hoy están presos bajo el delito supuesto de “traición a la Patria”, es decir, algo que puede cometer sólo un “apátrida”.
El revanchismo va unido al deseo de venganza. No quedan dudas. Una parte de lo que ocurre se entiende viendo Netflix.
La otra, releyendo el Nunca Más.
