Columna de opinión de María Elena Naddeo, militante política, feminista, docente, dirigente sindical y ex legisladora de la ciudad de Buenos Aires.
El pasado 30 de junio los pañuelos verdes tiñeron de color y energía militante el Congreso Nacional. Por sexta vez las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, presentaron junto a numerosos bloques parlamentarios, en la Cámara de diputados de la Nación el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres hasta las 14 semanas de embarazo.
Basado en los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer (CEDAW 1979) la Plataforma Internacional de la IV Conferencia de la Mujer realizada en Beijing, 1995, y otras normativas jurídicas de alto nivel, se trata de reconocer el derecho a elegir de las mujeres y de las personas trans con identidad sexual femenina.
El aborto legal ya tiene vigencia en nuestro país en los casos de violación, peligro para la salud y para la vida de las mujeres, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (F:A:L:2012) que aclaró los casos en que el embarazo puede ser interrumpido de acuerdo al Código Penal vigente (Aborto no punible) con la simple declaración jurada de la mujer en el sistema de salud público.
Sin embargo todavía numerosos protocolos locales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intentan obstaculizar o demorar la decisión, con lo cual este derecho alcanzado por la máxima jurisprudencia de la Corte, es una realidad parcial.
El proyecto de ley presentado recientemente permitirá el derecho a elegir durante las primeras 14 semanas de gestación por la voluntad de la mujer y en las siguientes se podrá realizar el aborto en las causales apuntadas anteriormente, es decir cuando el embarazo sea producto de una violación, o haga peligrar la vida y la salud integral de la madre, siempre de acuerdo con la voluntad de la paciente y el diagnóstico médico apropiado.
Además en este proyecto se elimina la objeción de conciencia – facultad que es utilizada en múltiples clínicas y servicios hospitalarios para no practicar el aborto aún en las causales permitidas por el Código penal argentino.
Es preciso aclarar que estas prácticas existen de manera legal gratuita en los sistemas de salud de la mayoría de los países desarrollados de Europa, Asia, América. Allí donde el aborto ha sido reconocido como una práctica de salud pública y un derecho humano personalísimo de las mujeres, ha descendido la cantidad de muertes por abortos encubiertos y sépticos, se han incrementado los niveles de prevención y han disminuido los embarazos no deseados o no programados.
Es un tema transversal al conjunto de fuerzas políticas. De tal modo las y los diputados firmantes pertenecen a todos los bloques legislativos, Frente para la Victoria, Coalición cívica, GEN, Socialismo, UCR, PRO, Frente Renovador, PO, PTS; FIT. Acompañaron también numerosas organizaciones sociales, la Asamblea Permanente por los derechos Humanos, el Centro de Estudios legales y sociales, entre otros.
La interrupción legal del embarazo es el último recurso cuando los mecanismos anticonceptivos fracasan o las condiciones familiares, sociales, impiden llevarlo adelante. Es necesario diferenciar el plano de las creencias religiosas que pertenecen a la vida personal y privada, de la obligación del Estado de brindar el acceso a este derecho al conjunto de la población independientemente de su credo o ideología, justamente para que las mujeres que lo necesiten puedan elegir libremente.
En las numerosas intervenciones de las diputadas y organizaciones presentes se cuestionó el doble estándar y la hipocresía de una sociedad en la cual las mujeres de clases medias y altas pueden recurrir a servicios de interrupción del embarazo pagando fuertes sumas, mientras las mujeres humildes mueren por abortos clandestinos.
En este sentido desde nuestras agrupaciones políticas ratificamos el pedido de libertad para las mujeres encerradas en la cárcel como el caso de Belén privada de su libertad desde hace más de dos años en Tucumán por un aborto espontáneo y denunciada por el propio equipo médico cuando recurrió al hospital pidiendo ayuda.
Por ello la consigna central de la Campaña Nacional por el derecho al aborto se inicia con el firme reclamo de cumplimiento de la ley de Educación sexual integral, todavía sin programas ni políticas claras en la mayoría de las provincias argentinas. En este sentido muchas voces se alzaron en la Cámara de diputados para exigir su cumplimiento denunciando además el desmantelamiento del Programa Nacional desarrollado hasta el 10 de diciembre pasado.
Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esas son las consignas del movimiento de mujeres y de las organizaciones políticas y sociales progresistas comprometidas con los derechos humanos, por las que se lucha desde hace décadas.
