En cualquier “hit” del sistema capitalista, su estribillo se reduce siempre a “de dónde sale la plata?”.
Ni bien asumido el actual gobierno, se impulsó un nuevo ciclo de regresividad impositiva que viene a justificar la oleada de ajustes en todos los rubros y esferas dependientes del Estado. Luego del recorte de ingresos que provenían del campo y la minería y de la toma indiscriminada e injustificada de millonaria deuda externa, se empezó a escuchar nuevamente los acordes obsoletos, que repiten sin cesar las estrofas de aquel estribillo.

El ceoliberalismo abomina de las rigideces de los (viejos) Estados y su manía de reconocer e impulsar derechos sociales. El Estado de Bienestar de postguerra y los últimos procesos progresistas de este siglo en la región concedían derechos a partir del reconocimiento de necesidades, traduciéndose esto en un aumento al acceso de los bienes y servicios públicos por parte de las poblaciones vulneradas. Por su parte, para estos liberales, la gestión de los riesgos sociales no refiere a derechos, sino que cada quien es responsable de su propia situación. Es decir, asocian pobreza a la irresponsabilidad individual, a un déficit, una falta, una impericia propia para manejar los riesgos de la vida. En este esquema meritocrático, cualquier ayuda proveniente de las arcas estatales vendrá siempre acompañada de condicionalidades, generalmente referidas a la disposición a buscar un empleo, a capacitarse, tomar algún microcrédito, etc.

Y, por supuesto, esa prestación, especialmente cuando se trata de transferencias monetarias, debe cumplir a rajatabla que su monto jamás debe exceder el salario mínimo ya que eso incentiva la “propensión al ocio”.

A la regresividad de la política fiscal, a la toma de millonaria deuda que hay que comenzar a pagar, se le agrega la caída de recaudación por impuestos al consumo, ya que aumenta día a día la porción de ingresos familiares destinados a los aspectos básicos de la supervivencia.

El ajuste en términos de gasto estatal no tiene otra posibilidad que ir ampliándose progresivamente.

Ahora le toca el turno, nuevamente, a algunas políticas sociales. Así lo anunció el Ministerio de Desarrollo Social que desactivará los programas “Argentina Trabaja”, “Desde el Barrio” y “Ellas Hacen”, y los unificará en “Hacemos Futuro”.

En un comunicado del ministerio, se explica que: “la reformulación de los planes busca que todas las personas que hoy son beneficiarias de los programas cumplan con tres contraprestaciones: actualización de datos, terminalidad educativa y formación integral”. “El objetivo de rediseñar los programas es contribuir a que la población más vulnerable tenga las herramientas y conocimientos para alcanzar una autonomía económica progresiva”.

Lo que siempre ocurre en estos casos es que una buena parte de los beneficiarios no logran responder a las nuevas condicionalidades, al tiempo que habilita al propio ministerio a ajustar los recursos humanos destinados al funcionamiento de los programas. En síntesis, menos personas quedarán incluidas en el nuevo plan y se reducirá la planta de empleados del ministerio. O sea, un nuevo ajuste en la política social Argentina.

Veremos en los próximos días cuáles serán las respuestas de los movimientos sociales argentinos.

(*) Gabriel Bulgach, Licenciado en trabajo social, UBA