La última semana de junio comenzó con un paro general de una contundencia superior a cualquier otro desde el retorno a la democracia, que paralizó al país por completo y en ese escenario de protesta y malestar social se abre el segundo semestre del anteúltimo año de gobierno de la gestión Macri.
Los medios hegemónicos atribuyen la movida a causas diversas, tales como; intencionalidad de desestabilizar al gobierno, respuesta defensiva del clan Moyano a ciertas irregularidades que se les imputan, finalidades políticas con miras a la renovación presidencial del 2019 etc.
El Ministro Triaca manifestó que “el paro no sirve para nada”, reflexión por demás inconveniente y desafortunada en el titular del área de gobierno que debe canalizar la relación entre trabajadores y empresarios, articular los conflictos laborales y que muestra una obstinación y ceguera supinas, que desmiente toda intencionalidad de diálogo, que el gobierno proclama a los cuatro vientos desde el comienzo de su gestión, pero que rara vez practicó seriamente
En términos coincidentes a los del Ministro Triaca se pronunciaron la Gobernadora Vidal, el Ministro de Interior Rogelio Frigerio y varios altos funcionarios más, descalificando las motivaciones del paro e ignorando o desconociendo el impacto de las medidas de ajuste sobre los sectores populares.
Las intencionalidades pueden ser muchas y diversas, pero solo con intenciones no se logra implementar una movida de semejantes proporciones, que solo es explicable en el marco de un permanente y cada vez más acentuado ajuste que recae sobre las espaldas de los que menos tienen.
Movida sustentada en el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por nuestro país y que hizo pasar a un segundo plano eventos a los cuales, el gobierno atribuyó importantes expectativas distractivas, como son, el mundial de futbol con una crisis de conducción dentro de la A.F.A a la cual el presidente Macri no es para nada ajeno y el debate de la ley de despenalización del aborto, aprobada en diputados y a la espera de tratamiento en el senado.
La pérdida de puestos de trabajo, de poder adquisitivo del salario, la reforma a la baja de los coeficientes previsionales, tanto el de determinación del haber inicial, como el de actualización de los haberes, impactan seriamente en la calidad de vida de las clases bajas, media baja y media.
Esto fue advertido delante de funcionarios oficialistas del rango de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y de la Ministro Nacional de Acción Social en las jornadas que la pastoral social realizó en Mar del Plata, la semana pasada.
En ese marco, tanto el titular de la Conferencia Episcopal Ojea, como el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones manifestaron, sin recurrir a ningún tipo de eufemismo, “que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres”, que “el 60 % de los asaladiados ganan menos de $ 15.000 mensuales”, cuanto la línea de pobreza supera los $18.000, que “la caridad social no es beneficencia” y lapidariamente, el Obispo de Lomas de Zamora en presencia de las dos altas representantes del oficialismo que participaron en el evento reclamó “hay que sentir sensibilidad social”.
En coincidencia con lo que venimos exponiendo, el novel Ministro de Producción Dante Sica, -de cuya calificación e idoneidad sobre el tema no cabe lugar a dudas-, reconoció que habrá por lo menos 6 meses más con alta inflación y menor crecimiento, y, a su vez, el propio Mauricio Macri reconoció el fracaso de la política anti inflacionaria oficial.
En este escenario, creemos que el gobierno debe convocar al diálogo, pero a un diálogo serio, profundo y para acordar políticas de estado a efectos de superar la crisis de los sectores más postergados, un diálogo abierto y sincero, que no se dirija meramente a convalidar hechos consumados, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los ajustes de él derivados, ya que lo contrario sería una parodia de diálogo a la que ya nos tiene acostumbrado el gobierno, convocando a los sectores para anoticiarlos de medidas que ya se han tomado y políticas que ya se han decidido e implementado.
Toda esa instancia de diálogo, para ser creíble, deberá estar enmarcada en una actitud del Ministerio de Trabajo que reivindicando el rol de la negociación colectiva, asuma el rol de articulador con los actores sociales, deje de beneficiar únicamente a los empleadores y muestre como mínimo ecuanimidad en las relaciones laborales.
