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Por Oscar Cuartango.

 

En un marco de represión provocado o por lo menos estimulado y magnificado desde el gobierno, se aprobó en diputados el presupuesto nacional 2019 y su aprobación en el senado será un mero trámite y su da por descontada a tenor de las declaraciones del Senador Miguel Pichetto, Jefe del principal bloque opositor.

Dicho presupuesto, en procura de lograr el objetivo de déficit cero, requerido por el F.M.I. recorta de manera superlativa partidas destinadas a salud, educación, beneficios previsionales, salarios y transfiere a las provincias, en especial a la de Buenos Aires, subsidios al transporte público entre otras medidas de ajuste que en la provincia referida superará los 40 mil millones de pesos.

Casi simultáneamente, en la legislatura bonaerense, la Cámara de Diputados convirtió en ley, el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial reformando la ley de procedimiento laboral, involucionando del procedimiento oral, en Tribunales Colegiados de instancia única, establecido en el año 1949 al procedimiento escrito de doble instancia, cuando la doctrina predominante a nivel nacional e internacional  van en sentido exactamente contrario.

Paralelamente, la gobernadora Vidal, en sentido coincidente al ajuste impuesto por el F.M.I. ordenó a su Ministro de Economía, dar de baja al 31 de diciembre del año en curso al personal que revista en planta transitoria, unos 10.000 agentes que perderán sus puestos de trabajo y reducir en un 20 % las bonificaciones y compensaciones del personal de planta permanente.

Durísimo ajuste, si se tiene en cuenta que los salarios de los agentes públicos bonaerenses, en el año en curso, se ajustaron un escaso 30 % y la pauta inflacionaria prevista para el mismo período por los consultores más optimistas asciende al 45 %. Es decir que de configurarse ese supuesto optimista, los salarios de los agentes del sector perderían, como mínimo, 15 puntos respecto de la inflación a lo que se le deberá anexar los puntos de pérdida que en cada caso implique la reducción del 20 % de las bonificaciones y compensaciones ordenado por Vidal.

Estas políticas de ajuste incrementaran el desempleo y exacerbaran la pérdida del poder adquisitivo salarial, con el consiguiente agravamiento de la recesión de ello derivada, sin que se avizore como correlato una reducción de la inflación, ya que las altas tasas de interés impuestas por el Banco Central conspiran contra ello.

Duro panorama para los trabajadores activos y pasivos, el actual y mucho más el que se visualiza para el primer semestre del  2019.

En otro orden de cosas, en las elecciones presidenciales de Brasil, resultó electo en segunda vuelta Jair Bolsonaro,  triunfante ante el candidato Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, en una evidente tendencia operada en la región a la remisión del denominado “populismo”.

Respecto del populismo me he referido en anteriores columnas, por tanto, bastará con decir que hoy ese término funciona como peyorativo, para desacreditar a quienes así se los califica., asociándolos a la corrupción, autoritarismo, y/o demagogia.

Sin embargo, ese rechazo al término y su comprensión como aplicación en la sociedad, omite dos circunstancias esenciales: 1) que es en él, -donde coexisten multiplicidad de elementos mezclados y formas de llevarlo a cabo en diversos matices- se destaca la idea de la organización social, sindical y política que tiene el potencial de la mejora en el nivel de vida de las clases más desprotegidas del sistema; y 2) que el liberalismo que tiene a imponerse en la región –y sufrimos en nuestro país- con sus valores individualistas y su compromiso irrestricto con los intereses de los más poderosos, es la mayor amenaza a la democracia como tal, por cuanto en el entendimiento de encontrar la fórmula de salvataje de la economía, violenta la división de poderes y fuerza normativas y medidas que afectan la soberanía nacional y la justicia social con la argumentación del “esfuerzo compartido” que nunca recae en la clase alta, sino que ajusta en los sectores más vulnerables.

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