Por Aníbal Ibarra (ex fiscal de la causa judicial).
El 4 de julio de 1976, un grupo de tareas de la dictadura militar, asesinó a tres sacerdotes y a dos seminaristas de la Orden de los Palotinos, fusilándolos por la espalda luego de ingresar a la parroquia ubicada en pleno corazón de Belgrano (Echeverría y Estomba) de la ciudad de Buenos Aires.
Las víctimas fueron: Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Alfredo José Kelly (sacerdotes), José Emilio Barletti y Salvador Barbeito (seminaristas).
Dos días antes de la masacre de San Patricio, una bomba de alto poder había estallado en el comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal -Seguridad Federal-, matando a 23 personas e hiriendo a otras 60 aproximadamente. Esa bomba se atribuyó a Montoneros y los asesinos de los sacerdotes y seminaristas palotinos escribieron con tiza en la puerta de la habitación en donde los mataron “Por los muertos en Seguridad Federal”. Una suerte de devolución de muertos por el atentado en la sede policial.
Palotinos
Juan Pablo Young (autor junto a Pablo Zubizarreta del documental “4 de julio”), define al grupo de palotinos como parte de una propuesta de cambio que entendía lo político-religioso como dos pedazos inseparables de la misión pastoral. La mayoría de los seminaristas, cuenta, eran además estudiantes universitarios. No es de extrañar que cuando se mudaron a Belgrano trastrocaran las costumbres de la parroquia, hasta entonces de corte tradicional. Se negaron a tener cocinera, dejaron de cobrar los casamientos, los novicios no usaban vestimenta clerical y trabajaban fuera. En el documental hay vecinos que recuerdan las homilías del padre Alfredo Kelly, de tono encendido y contenido, irritante para algunos sectores de la feligresía.
Ya avanzado el ’76, después del golpe, el padre Kelly daría un sermón que reflejó uno de esos picos de tensión, cuando denunció desde el púlpito que se estaban haciendo remates de los bienes robados a los desaparecidos y que feligreses de San Patricio habían participado de ellos. La homilía quedó en la memoria como “el sermón de las cucarachas”, calificativo que Kelly usó para describir a quienes, dijo, ya no podía seguir llamando ovejas de su rebaño. Poco después, Kelly supo que estaba circulando por el barrio una carta en la que un grupo de feligreses pedía su destitución, acusándolo de “comunista”. El sacerdote escribió en su diario personal sobre su preocupación por el tema. Horas antes de los asesinatos, durante la cena, también habló de estos movimientos, preocupado por las consecuencias que podrían implicar (ver nota de Laura Vales en Página 12 del 8 de julio del 2007).
La masacre
El día 4 de julio, aproximadamente a las dos de la madrugada, Julio Martínez Waldner, hijo del entonces gobernador de la dictadura en Neuquén -José Andrés Martínez Waldner-, volvía a su domicilio junto a dos amigos, Luis Pinasco y Guillermo Silva. Antes de ingresar a su vivienda, ubicada en la esquina de la parroquia, los tres observan que entre dos automóviles se hacían juegos de luces. El hijo del gobernador de Neuquén pensó que podía tratarse de un atentado contra su padre -quien no estaba en la vivienda- y se dirigió hacia la comisaría 37 de la Policía Federal.
De la comisaría enviaron al lugar un móvil comandado por el ayudante Romano quien dialogó con los ocupantes de los automóviles denunciados por el hijo del gobernador de facto de la provincia de Neuquén. Inmediatamente después fue hasta la puerta de acceso a la vivienda de Martínez Waldner y les dijo: “métanse adentro de la casa, no es con ustedes la cosa. Si escuchan unos cohetazos no se asusten, la cosa es con unos zurdos de ahí…”.
Temprano, a la mañana siguiente, la parroquia estaba cerrada sin explicación alguna. Un joven que tocaba el órgano en la iglesia ingresó por la ventana y se encontró con los cinco cadáveres de los palotinos, dándose intervención a la Policía Federal.
Los cinco religiosos fueron puestos boca abajo sobre el piso de la habitación del primer piso -sobre la calle Estomba- y fueron asesinados con una balacera propia de matones fascistas.
Arrancaron un afiche de Mafalda -que los seminaristas tenían pegado sobre la puerta- y lo arrojaron sobre el cuerpo de uno de ellos. En el dibujo de Quino Mafalda tomaba el machete de un policía y decía: “éste es el palito de abollar ideologías…”. En el lugar del afiche escribieron: “Por los camaradas dinamitados de Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria “.
La masacre de los religiosos sacudió a la Iglesia y sacudió al barrio de Belgrano. La dictadura informó que los religiosos habían sido asesinados por subversivos…
La investigación
Cuando asumo como Fiscal Federal en el año 1986 la investigación, conducida por el entonces Juez Federal Guillermo Rivarola, había llegado a un punto muerto y me giraron el expediente para cerrarlo. Recuerdo perfectamente que un empleado de mi fiscalía (hoy camarista en lo contravencional en la ciudad, Sergio Delgado) me dijo: “Llegó este expediente para ser clausurado, es indignante. Creo que se puede profundizar la investigación”.
Lo leí renglón por renglón, hoja por hoja. Tuve en mis manos el afiche de Mafalda todavía manchado de sangre, vi las fotos de la barbarie y me indigné con la mera posibilidad de aceptar la impunidad de semejante crimen. Pedí medidas de prueba que no se habían realizado y salí personalmente a buscar otras para intentar mayor eficacia. Concurrí a la parroquia y visité el lugar de los hechos, expresando de esa manera el compromiso de la Fiscalía con la investigación.
Ese mismo día, el 4 de julio, se hicieron presentes en la Iglesia de San Patricio el nuncio apostólico Monseñor Pío Laghi y el Cardenal Juan Carlos Aramburu.
Allí se enteraron de la existencia de testigos de la presencia policial y de los autos sospechosos, e incluso un sacerdote de San Patricio, Efraín Sueldo Luque, le recibió declaración a uno de los testigos, Luis María Pinasco, para enviarle el testimonio a la jerarquía eclesiástica. El testimonio fue enviado junto con una nota explicativa por el propio Efraín Sueldo Luque al Cardenal Aramburu el 6 de julio. Dos días después de la masacre.
La Iglesia, entonces, contaba con la información de la intervención de las fuerzas de seguridad y parapoliciales en el hecho. La Iglesia lo calló, lo silenció, y recién pudieron rescatarse esos documentos una vez llegada la democracia.
Esas declaraciones nunca habían sido incorporadas al expediente ni habían sido hechas públicas. Las había guardado la Iglesia y, en todo caso, usado en forma reservada frente a los militares. Conseguí el nombre de quien había tomado esas declaraciones y supe que estaba en una parroquia de Pergamino. Pude obtener copias de esos testimonios y los aporté al expediente.
A partir de allí pedí el procesamiento del entonces comisario de la Comisaría 37, Rafael Fensore, y del ayudante Romando, porque habían escondido la prueba que surgía de la “denuncia” del hijo del gobernador de la Provincia de Neuquén y la presencia de autoridades eclesiásticas investigando los hechos. Sostuve que eran partícipes de los homicidios porque no actuaron como debían -eran policías- frente al posible asesinato de personas, como se lo advirtieron a Julio Martínez Waldner y sus amigos.
Dijo Emilio Mignone en su libro “Iglesia y Dictadura”:
“El 20 de agosto de 1986 el fiscal federal Aníbal Ibarra ha solicitado al juez del fuero Néstor Blondi el procesamiento del entonces ayudante Romano de la seccional 37a de la policía federal y del ex-comisario de la misma, Rafael Fensore. A dicha seccional pertenecía el patrullero que interrogó a los ocupantes del auto que vigilaban a los sacerdotes palotinos. Los agentes del vehículo policial reconocieron las credenciales y autorizaron su permanencia en ese sitio. Sostiene el fiscal que los ocupantes del Peugeot 504, que se encontraba estacionado ese día en las proximidades del lugar, a las dos de la madrugada, fueron los que cometieron el hecho. La actitud sospechosa de dos automóviles, que se comunicaban entre sí a través del juego de las luces, hizo que Julio Martínez, hijo del entonces gobernador de Neuquén, general Martínez, ante el temor de un ataque terrorista contra su padre que vivía en la esquina de la parroquia de San Patricio, alertara a la comisaría 37a, que comisionó a un patrullero para que investigara la cuestión, con el resultado conocido. El 2 de setiembre del mismo año, el magistrado interviniente dispuso procesar a los mismos. Resulta claro que la investigación sobre estos elementos probatorios, que las autoridades eclesiásticas conocían, pudo haberse realizado en 1976.”
Luego de haber sido procesados ambos funcionarios policiales, terminaron sobreseídos por prescripción de la acción penal. Hoy el expediente se encuentra impulsado por el juez Sergio Torres en el marco de la megacausa Esma, por delitos de lesa humanidad.
Eduardo Kimmel
Eduardo, a quien conocí personalmente y con quien muchas veces hablamos de la Masacre de los Palotinos, fue un periodista y escritor que investigó esos asesinatos. Publicó un libro sobre los hechos, sobre los posibles autores y sobre la investigación judicial. Fue querellado por el entonces juez Rivarola por calumnias e injurias y fue condenado a un año de prisión en suspenso y a pagarle al juez 20000 pesos (dólares). Su “terrible” crítica injuriosa fue la siguiente:
“El juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente ―cuando no cómplice― de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta (…) La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto.”
Como se ve, mucho menos de lo que podía decirse. Sin embargo, la corporación judicial actuó en defensa de uno de los suyos y terminó condenado por la Corte Suprema menemista. Finalmente, su caso llegó a la CIDH y fue revocado. A raíz de ello, fueron suprimidas las calumnias e injurias en los casos de interés público, en lo que se conoce como la ley Kimmel.
Hoy se cumplen 40 años de la Masacre de los Palotinos a quienes les iniciaron los trámites para su canonización. Hoy los recordamos junto a los miles de asesinados y desaparecidos durante la dictadura y seguimos peleando por la justicia y por la condena a los autores de la masacre.
En lo personal, una causa que me movilizó mucho, en la que me comprometí profundamente y que me motivó a participar año tras año en la misa recordatoria en la iglesia de San Patricio, allí donde fueron asesinados.
Por su memoria.
Aníbal Ibarra