El tema de la necesidad de reformar la Constitución Nacional recorre, con altibajos la política argentina de esta primer parte del siglo. Tuvo un momento alto en medio de la crisis del 2001 donde la derecha llego a plantear la reducción de los diputados nacionales a dos por provincia y luego decayó a raíz del encauzamiento de la situación durante el Kirchnerismo.
Hubo sin embargo voces que plantearon la necesidad de dar respaldo constitucional a los avances de la democracia de derechos lograda en esa larga década pero inmediatamente fueron ahogadas por las acusaciones de que en realidad era una pantalla para introducir cambios en las normas sobre la reelección del presidente de la Nación.
Hoy, a dos años del nuevo gobierno, el tema vuelve a aflorar. Pero esta vez como un alarmado llamado a poner coto a la veloz regresión de las políticas del estado en los temas sociales y económicos y los riesgos a la vigencia de las garantías democráticas.
Se apela a la trinchera constitucional ante variadas necesidades de la democracia: Proteger derechos y garantías y también enfrentar con un debate de fondo la banalización de la política y el ensuciamiento mediático cotidiano. Son muchos los temas que inmediatamente aparecen arriba de la mesa: La organización y atributos del poder judicial, cada vez más cuestionado; la defensa de los recursos naturales y el patrimonio público que se ve amenazado; el rol social de la propiedad en un momento de concentración inédito de la renta y el poder de pocos sobre el mercado; y otros temas cardinales. No son temas nuevos, pero hay que volver a debatirlos en profundidad y con amplia participación popular.
Pero hay otros asuntos que están ausentes o casi ausentes en la constitución que nos rige: por ejemplo el tema de los medios masivos de comunicación, donde las restricciones a la información veraz que imponen los medios dominantes restringen objetivamente los derechos democráticos y su esencia: la capacidad de decisión de los ciudadanos; y el de las fuerzas de seguridad, o sea una pata fundamental del aparato estatal punitivo.
Sobre este último tema estamos viviendo la conmoción que produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Vuelven a ponerse sobre la mesa los viejos problemas que afloraron a nivel masivo cuando el asesinato de José Luis Cabezas, en la masacre de Wilde o la muerte en manos de la policía de Kosteki y Santillán. Fundamentalmente dos aspectos, que combinados ponen a la democracia al borde del autoritarismo: Uno es la autonomía de las fuerzas con función policial (tanto federales como provinciales) o sea su autogobierno y en buena medida su autofinanciación parcial a través de la” recaudación” ilegal. Y la otra su utilización por los gobiernos para controlar y reprimir el conflicto social y político.
Dicho en términos más llanos: El gobierno no conduce las fuerzas, negocia con ellas y les requiere represión y control de la población a cambio de impunidad para su accionar (entre otras cosas para la regulación de parte del delito).
Es inconcebible a esta altura de la realidad del país que la constitución no registre y establezca las pautas para las fuerzas policiales y de seguridad que abarcan decenas y decenas de miles de efectivos cada una. Que no establezca taxativamente que son fuerzas civiles armadas y que no se permite ningún tipo de militarización. Que las deben conducir civiles y financiar el erario público. Y que deben estar bajo control social de la comunidad. Este solo ejemplo muestra a las claras que la necesidad de la reforma no es una veleidad de algún especialista sino una necesidad de la sociedad argentina.
* Dirigente Provincial de la Propuesta Política d elos Trabajadores (PPT) fuerza integrante de Espacio Popular en la Unidad Ciudadana