El “Comité DESC” de las Naciones Unidas está evaluando el cumplimiento de la Argentina del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene rango constitucional.
Este jueves y viernes tuvo lugar el diálogo interactivo entre funcionarios del gobierno argentino, encabezados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y miembros de dicho organismo internacional.
Al respecto, el Comité de la ONU le señaló al Estado argentino que las decisiones de política económica y financiera “no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales”.
En tal sentido, sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos y que, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales. En síntesis, para el Comité el Estado debe tener en cuenta sus deberes en materia de DESC y no únicamente sus acuerdos financieros.
Los integrantes del Comité también llamaron la atención sobre algunas cuestiones centrales que habían sido planteadas por las organizaciones sociales en sus informes, como; “recortes en los programas de seguridad social (baja de las pensiones por discapacidad; desempleo; degradación del Ministerio de Trabajo, y la persecución a la actividad sindical; represión de las protestas y los desalojos violentos.
También llamaron la atención en materia de salud, al considerar una “oportunidad perdida” la falta de aprobación de la legalización del aborto y por las barreras formales e informales para acceder a los abortos legales; el acceso a medicinas esenciales; falta de aplicación de la Ley de Salud Mental y la falta de alternativas a la manicomialización.
En materia fiscal el Comité llamó la atención sobre la reducción del cobro de retenciones a las exportaciones de productos primarios. También sostuvo que el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios, además de los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable.
Por último, el Comité mostró preocupación por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, luego de la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Como lo viene haciendo desde el inicio de su mandato, el gobierno argentino respondió sin precisiones al organismo de la ONU, no haciéndose cargo de sus propios incumplimientos, cuyas políticas violan los pactos internacionales con rango constitucional, quizás estimulado por la inexistencia de consecuencias por dichas violaciones. (InfoGEI)