El presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez elevó un proyecto de pedido de informes al Departamento Ejecutivo, en el cual se pide se detalle la metodología utilizada para la confección del estudio de costos, modelos de colectivos evaluados, alcance de la resolución del juez Contencioso Administrativo Marcelo Fernández quien dictó una medida cautelar que deja sin efecto la suba del boleto y acciones planificadas por el estado municipal tras el mencionado fallo.
El edil peronista del FpV, también solicitó al titular del Honorable Concejo Deliberante, gestione ante los presidentes de las comisiones de Legislación y Transporte una reunión conjunta para evaluar el tema.
El concejal kirchnerista Marcos Gutiérrez, autor del proyecto, fundamentó su pedido recordando que los ciudadanos Marcelo Artime y Leandro Laserna presentaron el 28 de marzo de 2017 una presentación judicial con el objetivo de que se anule el último aumento de boleto de colectivo, ya que, según los denunciantes “contiene variables falsas para su cálculo”.
Vale destacar que uno de los principales argumentos de los denunciantes es que “según consta en el estudio de costos que elaboró el gobierno municipal se toman en cuenta vehículos más caros de los que realmente están en uso: figuran Mercedes Benz OF 1724 con un valor de mercado $ 2.420.000 y los que realmente circulan en la vía pública son Mercedes Benz OF 1418 con un valor de mercado $ 2.090.000. Es decir, que de esta manera se aumentó falsamente el capital invertido por los empresarios en la suma de $ 137.610.000, generando ello un aumento injustificado en el estudio de costos que derivó en el consecuente aumento del boleto”.
En este marco, el juez Contencioso Administrativo Marcelo Fernández, concedió el pasado 31 de marzo la medida cautelar solicitada “suspendiendo los efectos de la Ordenanza 17271/16 y el Decreto 2834/16, medida que tendrá la extensión temporal de seis meses, considerando tiempo suficiente para llegar a la dilucidación de la cuestión de fondo en virtud del trámite que se le imprime”.
Esta situación de incertidumbre y falta de claridad se suma la causa que investiga el Fiscal de Delitos Económicos, Fernando Berlingeri, en relación a la posible defraudación al Estado en el otorgamiento de subsidios. En tanto, vale señalar que el juez federal Santiago Inchausti imputó a empresarios del transporte, responsables de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador.