Lo hizo la Asociación Consumidores Argentinos y advirtió que planteará en la Justicia su inconstitucionalidad y la devolución de lo pagado de más con intereses.
La entidad presentó el pedido en el Concejo Deliberante. “Se pretende cobrar una suma por un servicio que ya se prestó, por el que ya se pagó y que el municipio ya ejecutó en base a partidas que no son las que se quieren ejecutar”, argumentó.
“Este dinero extra que se nos cobra no puede condecirse nunca con un presupuesto, cuya misma denominación define como algo previo que planifica futuros servicios, gastos y recaudación para cubrirlos”, indicó. “Por el contrario, lo que pretende cobrarse retroactivamente en todo caso se aplicará a futuro y por ello no corresponde que su cobro se haga abarcando períodos en los que ya no se va a realizar prestación o servicio alguno”, agregó.
Según la entidad, “esta maniobra es fruto del incumplimiento de la norma que determina el procedimiento para fijar el presupuesto, y de no respetar los plazos para hacerlo que marcan la Constitución y la Ley Orgánica”.
Consumidores Argentinos lamentó que el municipio intente cobrar remanentes de TSU cuando pasó más de medio año de que esos servicios comenzaron a prestarse y pagarse.
“Entendemos que este proceder es ilegal y viola los preceptos constitucionales, incluyendo el principio liberador del pago, y que de aceptarse semejante criterio los usuarios y contribuyentes estarían siempre ante una incertidumbre respecto del pago de la TSU, toda vez que los pagos serían a cuenta”, con lo que el presupuesto municipal se transformaría “en un cobro a servicio vencido sin control ni previsibilidad”.