Los diputados nacionales del bloque Peronismo para la Victoria verificaron que las audiencias públicas decretadas por la Corte Suprema en materia de las nuevas tarifas de Gas fueron cercenadas por una discrecionalidad abrupta, ya que el acceso a las mismas resulta de la voluntad del mismo Poder Ejecutivo.
Una nueva maniobra, cercenadora de la participación ciudadana que la Constitución y las leyes mandan, se descubrió al conocerse la lista de los que se encuentran autorizados a ingresar a la audiencia.
Sin que medie explicación de ningún tipo, los interesados que llenaron el formulario de inscripción y se ajustaron a las normas y convocatoria, en el día previo se encuentran que no fueron incluidos en el listado de participantes autorizados por Enargas, lo que es una nueva violación al derecho de participación ciudadana.
No se puede tapar el sol con un dedo ni hacer que un megatarifazo sea viable por el cumplimiento de ritos formalistas. La audiencia no es un derecho de las autoridades para blanquear el mayor aumento tarifario de la historia, sino que es un derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, que deben ser oídas por las autoridades, sobre todo cuando se toman decisiones que tienen carácter de confiscación patrimonial.
Acorralado por la masividad de las protestas contra el tarifazo, los fallos adversos hasta de la propia Corte Suprema y las presiones desde las bancadas opositoras del Congreso que fueron estructurando una acción cada vez más coordinada, el ministro Aranguren y el interventor de Enargas tuvieron que ceder y finalmente convocar a la Audiencia Pública del 16.9.16.
Lo hicieron con numerosas irregularidades y violando lo dispuesto por los fallos judiciales que ordenaban expresamente la entrega de información completa y detallada, incluido los famosos costos en boca de pozo.