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Una delegación de juristas internacionales viajó a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala y conocer su situación.

 

A dos años y cinco meses de la arbitraria detención de la líder de la Túpac Amaru, los abogados colombianos especialistas en derechos humanos Francisco Ramírez Cuellar y Meyerly Garzón constataron el incumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interrupción del Estado de Derecho en la provincia gobernada por el oficialista Gerardo Morales y la existencia de un Estado policial.

“Milagro Sala presa representa un trofeo político para Mauricio Macri y su liberación significaría su derrota”, expresó Garzón en diálogo con Página 12. Asimismo, marcó que el Presidente tiene un “odio racial, porque lo hemos vivenciado”, y “no le interesa cumplir con lo que ordenó la Corte porque eso representaría un retroceso político para él”.

Garzón, quien visitó los penales de Alto Comedero y Gorriti donde se encuentran detenidas y detenidos Mirtha Rosa Guerrero, Graciela López, Gladys Díaz, Mirtha Aizama, Javier Nieva y Alberto Cardozo, contó que “lo que nosotros pudimos evidenciar es primero una vulneración a derechos fundamentales respecto a dos puntos. Primero, en relación al juicio, es decir a la causa por los delitos que se les imputan, pero además por el debido proceso”.

Por su parte, Francisco Ramírez Cuellar contó que distintas organizaciones sociales en Colombia han venido siguiendo el tema de Milagro: “No es una cosa desprendida de nuestra práctica, porque desde hace mucho tiempo existen estos intentos de destruir el tejido social y el poder popular edificado a partir de la organización social”.

“Lo que nosotros vemos es que hay que duplicar y triplicar la presión internacional contra los responsables políticos y económicos de lo que está pasando y contra los jueces que desconocen el debido proceso, el juez natural, el principio de inocencia de una persona, la presunción de inocencia de buena fe, etcétera”, agregó.

Por último, Garzón advirtió que el panorama en América Latina respecto a estos escenarios sobre todo gubernamentales “es triste y desesperanzador”, pero así mismo “uno ve organizaciones sociales que resisten, que denuncian y que intentan hacer justicia”.