En severos términos, el diario “El País” de Madrid enjuicia al presidente argentino Mauricio Macri, a quien roza hoy el caso del pago de coimas para ganar obras públicas, a raíz de que su primo hermano, Ángelo Calcaterra, cuyo aspecto personal no dista del de un presunto mafioso, se declaró culpable de haber sobornado para ganar favores.
Expresa “El País” de Madrid de este martes: “Nunca los tribunales golpearon tan cerca de Mauricio Macri en una investigación por corrupción. La delación de un chófer del poder, que durante 10 años apuntó en cuadernos la presunta ruta del dinero sucio del kirchnerismo, puso ante un juez al primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, heredero de las empresas del clan Macri, uno de los más poderosos de Argentina. Calcaterra se presentó hoy cuando nadie lo esperaba en los tribunales Federales y confesó a Claudio Bonadío que pagó sobornos millonarios a ex altos cargos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por su colaboración, Calcaterra obtuvo beneficios como arrepentido y quedó libre”.
“Calcaterra –sigue expresando el diario español- es hijo de una tía paterna de Macri. En 2007, se convirtió en dueño de las empresas que Franco Macri, padre del Presidente, no pudo transferir a su hijo, ya decidido a dejar el negocio familiar para dedicarse a la política. Entre las compañías que compró Calcaterra estaba la constructora IECSA, una de las preferidas del kirchnerismo”.
Sobre IECSA, “El País” recuerda que “obtuvo, en sociedad con empresas extranjeras, las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la línea que más pasajeros transporta en Buenos Aires, por un monto cercano a los 3.000 millones de dólares”. Sostiene luego que “La estrategia del empresario, como la de otros implicados, fue ponerse en el lugar de víctima de un sistema de recaudación presuntamente montado por el anterior Gobierno. Calcaterra dijo que los pagos a exaltos funcionarios eran bajo extorsión, una condición para cobrar el dinero que el Estado les adeudaba por obras públicas ya en curso”. Calcaterra se presentó con un saber asegurado: no iba a ser detenido por el fiscal Stornelli, que fue empleado de Macri en el club Boca Juniors, y el juez amigo, Claudio Bonadío, que se dedica desde 2003 a perseguir a la familia Kirchner.
La estrategia de Bonadío no es judicial sino política: apunta a detener a Cristina Fernández de Kirchner incluso por fuera de la ley, a los efectos de acentuar la candidatura a la reelección de Mauricio Macri, hoy caído en la consideración de la sociedad y cuyos números de popularidad y expectativas electorales están en tercer término detrás de Cristina y de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que viene cayendo aún más luego de la muerte por explosión de la subdirectora de una escuela y un portero, en la localidad de Moreno en el Gran Buenos Aires. La gobernadora dejó de aparecer en lugares públicos luego del estallido que lanzó a más de 50 metros el cuerpo de la subdirectora, y no hace más timbreos electorales, herida profundamente por el repudio de miles de bonaerenses que salen a la calle.
“El País” sostiene que “Ahora (Macri) debe asumir el costo político de los negocios poco claros de su primo, quien como heredero de las empresas familiares continuó con la estela de lo que en Argentina se llama “la patria contratista”. Sus integrantes son empresas que desde hace décadas, sea bajo gobiernos democráticos o dictaduras, se benefician con las inversiones estatales en infraestructura. El padre de Macri forjó así su fortuna, una de las más grandes del país, y sus relaciones con el kirchnerismo siempre fueron buenas. Calcaterra heredó esa agenda bien aceitada de contactos con el poder”.
Indica que la diputada Lilita Carrió dio vuelta su posición sobre Calcaterra. Anteriormente, recuerda, pedía cárcel para el primo hermano debido a actos que vinculaba a episodios delictivos. Ahora, escribió en redes corporativas de uso social: “Este es el acuerdo para fundar @cambiemos que hicimos…” (¿las coimas?). Ahora mutó y expresó: “Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque [Calcaterra] es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos (…) Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina…” (en realidad, si de cambio se trata, las operaciones fraudulentas se acordaban en dólares). Macri expresó mientras su primo hermano se declaraba culpable, “Quiero felicitarlos por haber firmado un acuerdo contra la corrupción”.
Eso marca que el gobierno no ve esencialmente el efecto de una lucha contra la corrupción, sino lograr un tema que en los medios de comunicación censure todo reclamo social, la información acerca de que los precios de los alimentos tuvieron un alza histórico y que las movilizaciones sociales crecen, en tanto cae la actividad económica, y ganan millones de dólares las especulaciones en Lebacs y otras herramientas lanzadas a la usura.
El 15 vence un 64% de la emisión de Lebacs y el gobierno cree que el festival de denuncias y acusaciones puede permitirle obviar lo económico social en favor del festín financiero. En cierto modo, “El País” se adelanta a ese estado de cosas, reflejando que parientes y amigos del poder no van presos con jueces amigos.