Alfredo Guevara, el abogado de la dirigente social de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, denunció que su representada y sus hijas sufrieron torturas y trato inhumano durante el traslado de una cárcel a otra.
El letrado presentó un escrito ante la justicia solicitando la suspensión de la indagatoria prevista para hoy en la que declararía por la causa de delito de coacción agravada en concurso ideal con estafa.
Alfredo Guevara solicitó ante la Fiscalía a cargo de Gabriela Chaves la suspensión de la audiencia prevista para hoy para evitar el traslado de Nélida Rojas. Según denunció el abogado, el traslado que tuvo lugar desde la cárcel del Borbollón a la de Agua de las Avispas “podría calificarse como comprendido como tortura o un trato inhumano, cruel y degradante”.
En ese marco, Guevara relató que Nélida y sus hijas Carla y Leonela “fueron subidas a una camioneta del grupo GEOP, esposadas a asientos de hierro y trasladadas a una velocidad excesiva, en el marco de un desproporcionado operativo de seguridad montado por otros móviles. El sufrimiento incluyó golpes en distintos lugares del cuerpo, dolores en las muñecas y sensación de ahogo. Carla sufrió una descompensación por esta situación. Nélida Rojas fue esposada con las manos entre sus piernas, lo que la obligaba a una mala posición, lo que incrementó su sufrimiento”.
Nélida Rojas, tal como acreditó con certificado en la causa su defensor, ha sido operada por discopatía de columna lumbosacra, presentando cuadros de lumbalgia a repetición con trastornos de la marcha. Asimismo, se ha considerado que padece el 76% de incapacidad por parte del ANSES, que además ha procedido a jubilarla por incapacidad.
Según lo establecen los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales” y “los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública”.
Frente a esta situación, Guevara solicitó la intervención del Procurador de Personas Privadas de Libertad para que investigue el caso.
“Este tipo de traslados resultan inaceptables en una sociedad democrática. La Fiscal interviniente sigue adelante con el retorno del suplicio en esta nueva caza de brujas desatada en la provincia, donde el sufrimiento de los condenados por la inquisición mediática es exhibido como un mensaje de terror a los movimientos sociales y un espectáculo para el regocijo de una multitud frenética a la que gusta el amarillismo”, reclamó.