El proyecto oficial de ley de semillas viene cosechando cuestionamientos por el impacto que tendrá en los precios, en caso de ser aprobado. Según informes realizados por especialistas en la materia, la ley está hecha a pedido de las multinacionales.
“Le garantiza 3000 millones de dólares al año a Monsanto y transfiere 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores”, indicó el grupo de estudios Proyecto Económico. Además, basándose en un informe de la Federación Agraria Argentina, plantea que “la propuesta del oficialismo encarece los costos de los productores locales en 600 millones de dólares por año, durante al menos cinco años”.
Manifestó su rechazo, también, la Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas. Al respecto, advirtió que se pone en juego el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas.
Proyecto Económico, mediante su estudio, señala que uno de los grandes damnificados será el Estado y los contribuyentes argentinos, pues el proyecto de Cambiemos permite deducir del impuesto a las ganancias el equivalente a 1,5 veces los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada.
“En la práctica, el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales por 13 mil millones de pesos anuales, en un escenario de mínima”, indicó. “Además, resulta harto factible que el sobrecosto por las semillas termine transfiriéndose al precio de los alimentos, con lo cual, en definitiva, la medida terminará afectando a los consumidores”, agrega el informe.
Puntualmente, el proyecto les quita potestades a los productores locales para comprar, cosechar y volver a sembrar determinadas variedades vegetales. El proyecto oficialista -consignó Página 12- marca que “solamente queden eximidos de abonar el uso propio (sembrar sus propias semillas, obtenidas de su propia cosecha anterior, sin obligación de pago de derechos de propiedad intelectual), aquellos productores encuadrados como ‘microempresas’”: que tengan una facturación bruta inferior a 3,8 millones de pesos anuales (poco más de 300 mil mensuales). Por lo tanto, con el nuevo proyecto pagarían patentes casi todos los productores del país.
“Desde hace meses las corporaciones del agronegocio (Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf) vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales”, denunció la Multisectorial. (IB24)
