Por Oscar Cuartango.
Una vez más el gobierno del Presidente Macri ha hecho gala de un alto grado de improvisación en el manejo del poder, denotando tener un absoluto desconocimiento de la realidad.
En medio de todo este gran dislate, Carrió amenazó promover juicio político al Ministro de Justicia de la Nación a raíz de la opinión que éste pronunció sobre la utilización del instituto de la prisión preventiva -opinión compartida por todo abogado que se precie de tal-, y pronunció una frase catastrófica: “El presidente elije o cae”, para luego retroceder manifestando: “que en función de distender la situación, va a esperar”.
En este clima de confusión en la cúpula gobernante, uno de los temas a nuestro criterio más trascendente de la semana, -no obstante el esfuerzo mediático por ocultarlo o minimizarlo tras la condena a De Vido y el intrascendente aval del Fiscal de la Cámara Federal al pedido de detención de la ex presidente propugnado por Bonadio-, fue el referido a la Resolución del Secretario de Energía estableciendo un reajuste de las tarifas del servicio de gas, sobre las espaldas de los consumidores, como consecuencia de la devaluación del peso respecto del dólar y su pago en 24 cuotas.
Una primera reflexión, en esta gestión de gobierno, las únicas variables económicas no sujetas a ningún tipo de reajuste son los salarios, las jubilaciones y pensiones, lo cual marca a fuego la profunda insensibilidad social de quienes nos gobiernan, respecto de los que menos tienen.
Ante la andanada de protestas de todo el espectro social, interposición de amparos y una eventual advertencia desde las más altas fuentes del Poder Judicial, en el sentido que los amparos recibirían favorable acogida ante la carencia de sustento jurídico de la medida en cuestión, el P.E. Nacional, que había sido avalado por la propia palabra presidencial, el temperamento merecedor de tamaños cuestionamientos, decide formalmente cambiar formalmente el rumbo, no el criterio de fondo, liberando a los consumidores del pago y tomando el mismo a cargo del erario público (por lo que queda a cargo de la población de todos modos), es decir trasladando a las espaldas de los contribuyentes el importe del mismo.
Cabe una segunda reflexión: dónde está el riesgo empresario? El ajuste declamado por Macri como tan necesario e impuesto en las condicionalidades del F.M.I. no alcanza la rentabilidad de las grandes empresas y solo se limita a los salarios y beneficios de la seguridad social.
En definitiva, primero intentaron que lo pagaran todos los usuarios en forma directa mediante las mentadas 24 cuotas y luego de manera indirecta, al hacerse cargo el estado, es decir el conjunto de los argentinos. De una u otra manera, las empresas, siempre ganan y se benefician en este gobierno de política liberal.
Para justificar el cambio de actitud, los voceros gubernamentales invocan la bondad de reconocer errores y corregirlos, a ello cabe una respuesta de peso: Prueba y error, es un ensayo. Ensayar a costa de la sociedad es perverso y más aún, si los costos de ello recaen siempre sobre el conjunto de la ciudadanía y los beneficios los reciben los amigos de quienes gobiernan y eso en cualquier actividad se denomina mala praxis, que en este caso, cuesta vidas y el futuro de generaciones.
