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En junio de 1943 Perón asume la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, convirtiéndola en Secretaría de Trabajo y Previsión introduciéndose la cuestión social en el mundo del trabajo,  que deja de ser considerado una mercancía.

 

El pasado lunes 4 de junio se cumplieron 75 años de la asonada militar que puso fin a lo que Arturo Jauretche acertadamente bautizara como “La década infame”, impidiendo acceder a la presidencia de la nación al representante más emblemático de las clases dominantes, Robustiano Patrón Costa y dando comienzo a un proceso político que se consolidó con la gesta del 17 de octubre de 1945 y con el acceso de Juan Domingo Perón a la primera magistratura el 4 de junio de 1946, hace 72 años y hace 66 años que Perón asumió su segunda presidencia, obtenida por primera vez en nuestra historia con el voto femenino. Asimismo, este año se cumple el  primer centenario de la Reforma Universitaria que detonara sus primeros síntomas en la Universidad de Córdoba en 1918.

Como primera aproximación que permita dimensionar la gesta que se inicia ese 4 de junio de 1943, estimo conveniente reseñar la evolución del tratamiento que mereció el mundo del trabajo y la educación universitaria, desde nuestra consolidación constitucional en 1853/1860 y la habida desde 1943 en adelante, para luego hacer una evaluación de esa misma temática en los tiempos presentes.

En la Constitución de 1853, como así también en la surgida de la reforma de 1860, se perciben visiones Liberales e individualistas y una total ausencia de la cuestión social.

Tendríamos que llegar a principios del siglo XIX para que bajo la presidencia de Julio Argentino Roca y por iniciativa de su Ministro de Interior Joaquín B. González, se le encomienda a Juan Bialet Maset, connotado catalán radicado en Córdoba, un relevamiento de las condiciones en que se realizaban los distintos trabajos en nuestro país y el mismo produce la obra titulada Informe sobre el Estado de la Clase Trabajadora Argentina, en la cual da cuenta de las condiciones infrahumanas en que se realizaba la mayor parte y la absoluta falta de protección a los trabajadores, ello detona el ´proyecto de Código de Trabajo impulsado por Joaquín B. González, del  cual solo se aprobara la creación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.

Luego se registran varios proyectos de ley autoría de los diputados socialistas, siguiendo el rumbo de Alfredo Palacios, que fuera el primer diputado socialista de América y entre los cuales merecen citarse la ley 9688 de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Durante la presidencia de Hipólito  se establece la jornada laboral  de 8 horas el 26 de setiembre de 1934, (Día del Empleado de Comercio) la ley 11.729 por la cual se modificaron varios artículos del Código de Comercio para establecer, el régimen de indemnizaciones por despido, las vacaciones anuales pagas, el aguinaldo e incluso se introdujo la regulación por accidentes de trabajo y la licencia a empleadas y obreras embarazadas, iniciativa la del diputado socialista Enrique Dickman.

En junio de 1943 Perón asume la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, convirtiéndola en Secretaría de Trabajo y Previsión introduciéndose la cuestión social en el mundo del trabajo,  que deja de ser considerado una mercancía, para pasar a tomarse como un derecho/deber y como anticipáramos, la ley 11.729 por Decreto 33.302/44 se la extiende a todo el universo laboral, lo cual se consolida con jerarquía supra legal en la Constitución de 1949.

En lo que a la enseñanza universitaria se refiere, si bien la gratuidad de la misma fue enunciada como una meta a lograr en la Reforma Universitaria, recién se concreta el 22 de noviembre de 1949 con el decreto 29.337 de Supresión  de Aranceles Universitarios.

Los vientos que soplan ahora desde el gobierno,  lo hacen el  sentido totalmente contrario al reseñado. En lo que a la enseñanza universitaria se refiere la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires preguntó: “si era justo llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”, el gobierno nacional viene recortando el financiamiento a las mismas, incrementando sus presupuestos en la mitad de la pauta inflacionaria y un recorte de tres mil millones de pesos para el año en curso.

Respecto del tema laboral enunciaremos leyes que recortan derechos y que han merecido cuestionamientos de inconstitucionalidad receptados judicialmente, como la reforma previsional implementada por la ley mal  denominada de reparación histórica previsional 27.260, la ley 27.426 de reforma previsional, la ley 27.348 modificatoria de la de Riesgos del Trabajo y proyectos en estado legislativo, como la reforma al procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, los de reforma laboral, relacionados al Blanqueo del Trabajo no registrado, Prácticas formativas, que propicia la modificación del régimen de pasantías de la ley 26.427, Comisiones de salud, todas las que impulsan cómputo del salario para el cálculo de la indemnización por despido, fondo de cese laboral, reducción de multas y cambio del destinatario de las mismas, de la ley 24.013.

Todas ellas a la baja, muestran con meridiana claridad que la educación, el trabajo y los jubilados y pensionados son la variable de ajuste en sintonía con los mandatos del Fondo Monetario Internacional con el cual están acordando quienes hoy nos gobiernan.

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