La gestión de gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires viene exteriorizando los mismos vicios de falta de calidad institucional que reiteradamente le reprochamos al Presidente Macri en el orden nacional.
Comenzando por las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos con que se financiaron los gastos de campaña, donde aparecieron numerosos extrapartidarios e incluso candidatos de la misma Alianza Cambiemos a Intendentes y Concejales que niegan haber efectuado los aportes que les fueron atribuidos en las rendiciones de cuentas, como así también cenas que no se llevaron a cabo y a las cuales se utilizó para justificar fondos utilizados en la campaña, temperamentos estos reiterados en las campañas de 2015 y 2017, solo cabe esperar que esas irregularidades sean investigadas en profundidad por la justicia, se deslinden responsabilidades y se apliquen los condignos castigos.
En ese tema aparece involucrada Fernanda Inza, tesorera del Pro Provincial, que se venía desempeñando como Secretaria Legal y Técnica y que a pesar del intríngulis, fue designada sin empacho alguno, como Contadora General de la Provincia.
Otra falta de calidad institucional queda graficada en la falta de convocatoria a activar la paritaria docente, que está desactivada hace más de 80 días y generó un pronunciamiento cautelar del Tribunal del Trabajo nro. 1 de La Plata, donde sus integrantes, tras puntualizar que: “La última reunión paritaria se llevó a cabo el 21 de abril del corrientes año, lo cual en el actual contexto económico torna necesario mantener activas las negociaciones paritarias con las organizaciones sindicales peticionantes”, po r ello dispusieron: “ordenar al Ministerio de Trabajo provincial, para que dentro del plazo de cinco días de notificada la presente resolución, proceda a la reapertura de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados docentes para el año en curso y convoque a las partes” aclarando que: “en caso de incumplimiento se aplicarán sanciones conminatorias”.
Este pronunciamiento fue precedido por otro del Tribunal del Trabajo nro.4 del Departamento Judicial La Plata,
Efectivamente, la paritaria docente bonaerense, regulada por la ley 13.552, cuyo artículo 14 establece “la ultractividad” del acuerdo paritario anterior aún vencido, hasta que las partes hayan celebrado otro que lo reemplace, había sido soslayado por el gobierno provincial, que se había limitado a otorgar en forma unilateral sumas fijadas discrecionalmente por el poder político a cuenta de lo que se llegara a acordar, pero ello dista mucho de implicar cumplir la aplicación de la cláusula gatillo de actualización del salario según la inflación oficial establecida en el acuerdo paritario del año 2017.
Ese pronunciamiento judicial, obliga al gobierno a aplicar la cláusula gatillo producto de la paritaria 2017 “ultractiva”, hasta tanto la negociación del año en curso establezca un nuevo acuerdo y según los organismos oficiales, el índice de inflación del primer semestre superará el 15 % y ante esa indiscutible realidad el gobierno provincial debería cumplir la decisión de la justicia y aplicar el correspondiente ajuste salarial y ahora restablecer el ámbito negocial.
Como si lo que antecede fuera poco, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires se encuentra imposibilitado de actuar, al estar desintegrado y con solo dos de sus integrantes, cuando para formar mayoría, como mínimo hace falta el voto de tres de sus cinco miembros.
Como colorario de todo este desaguizado institucional, desechando una práctica que se remonta a los albores del retorno a la democracia impuesta por Antonio Cafiero al suceder al Radical Armendaris en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que ratificó a todos los radicales en los organismos de control, en la sana inteligencia que la oposición debe llevar adelante el control de la gestión gubernamental, la Gobernadora hizo caso omiso de esa saludable costumbre y en la actualidad todos los organismos de control están manejados por oficialistas.
Intervención y avance sobre los restantes poderes republicanos, prácticas espureas, manejos discrecionales, oscuros aportes de campaña, conflictos de intereses de las autoridades ministeriales y de gobierno. La gestión “Cambiemos” llego al poder con el compromiso de cambiar las cosas y acabar con supuestos manejos corruptos y negligentes, pero a más de 2 años de gestión, solo evidencian la falsedad de las promesas de campaña. A lo que suma el reconocimiento del primer mandatario de “errores de gestión”, que si bien así dicho no parece tan alarmante, dejó en el camino de la vulnerabilidad y la exclusión a miles de familias argentinas, comprometiendo nuestro futuro como país económicamente. Cambiamos? Sí, para mal.
