No es casual que, a medida que se suceden los Gobiernos, sea cual fuere la orientación política de la que provengan, lo que persiste sean las condiciones precarias de empleo en la que se encuentra una porción elevada de trabajadores. En Mar del Plata los asalariados que no perciben descuento jubilatorio constituyen el 37,6% de la población económicamente activa -datos del INDEC- , siendo esta, una medición que no contiene las distintas formas que asume el trabajo en la contemporaneidad y que se encuentran por fuera de los parámetros de la denominada “seguridad social”.
En la región pampeana, donde se incluye a Mar del Plata dentro de las mediciones, el segmento que se encuentra bajo esta lógica es del 33,7%, lo que coloca a la ciudad cuatro puntos por encima de la media general. Un análisis global de la clase trabajadora en nuestra ciudad, nos llevaría a concluir que, si a este porcentaje le incorporamos los niveles de desocupación y sub ocupación, más del 50% de las personas que viven de su trabajo lo hacen por fuera de los marcos legales de contratación o directamente no realizan su fuerza de trabajo en el mercado.
Por si fuera poco, la propia contradicción de un sistema social regido por la apropiación de la fuerza de trabajo ajena, lleva a que el Estado como empleador de mano de obra, sea el principal responsable de la precarización laboral en todo el territorio nacional. La pregunta que quedaría por responder entonces seria: ¿Si es el Estado quien debe regular las condiciones de trabajo bajo las normas vigentes, porque, a contra pelo de ello, es quien ejecuta las políticas de deterioro del empleo?
La réplica es contundente: uno de los mecanismos privilegiados para sostener las ganancias capitalistas en la actualidad, es el pago de los salarios por debajo de su valor y con ello, el recorte de los costos de la producción. Quién garantiza esta premisa es el Estado, contratando a una masa superlativa de trabajadores por fuera de las condiciones dignas de empleo y haciendo la vista gorda frente a quienes reproducen esta situación de manera privada.
De esta manera, se vuelve necesario delinear algunas conclusiones. El auge, desde el año 2004 en delante de las cooperativas de trabajo, los programas de transferencia de renta condicionada (Planes Sociales) y los contratos laborales basura, tienen que ver más con una necesidad de la reproducción del capital y el aumento de sus lucros, que con una política de un Gobierno particular, para palear la pobreza en tiempos de crisis económica. De ello son ejemplos concretos el que se hayan vuelto estructurales en el tiempo (por sobre las promesas de que serian un mecanismo para lograr la formalidad en el empleo a corto plazo) y que la gestión de Macri y sus socios, mantengan dichos programas, aumentando sus remuneraciones y haciendo alarde de su existencia.
Por otra parte, el Estado, lejos de ser el representante de los intereses populares, por esencia responde a las necesidades que el modelo económico le impone, determinando los mecanismos legales, políticos e ideológicos con los cuales asegurar la vigencia de un sistema social que se vale de la vida de las mayorías para reproducirse. De esta manera, se naturaliza el hecho de que sea esta institución quien precarice a los trabajadores y, en el caso de que existan reclamos que alcen la voz frente a esta realidad, es la coerción el mecanismo que disciplina a los inquietos.
Por último, la Gestión municipal actual, lejos de cumplir con sus promesas de campaña electoral, donde se anunciaron de forma grandilocuente planes para erradicar el “trabajo en negro”, sostiene y profundiza la realidad descripta, llevando a la ciudad a los niveles más elevados de empleo informal del país.
Gonzalo Peruzzaro. Docente ~ Investigador UNMDP. Militante del Votamos Luchar.