Por Oscar Cuartango.
En medio del escándalo mediático que tiene como protagonista al Ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, se viene planteando un cambio en la estrategia oficial, respecto del planteo de una mega reforma de la legislación laboral, que aparece como desestimada como consecuencia de un giro hacía tratar distintas temáticas vinculadas a la misma en forma parcializada, temperamento que recibió un guiño de algunos connotados representantes legislativos y sindicales de la oposición, siendo los más paradigmáticos de ello el Senador Miguel Pichetto, Jefe del Bloque de Senadores del PJ y de Héctor Daher, uno de los triunviros designados para presidir la C.G.T.
Ello nos motiva a reiterar algunas apreciaciones que ya hiciéramos en otras notas publicadas durante nuestro primer ciclo, como en este medio.
Debo advertir que a pesar de ese eventual cambio metodológico de fragmentación legislativa, ello en nada cambia la matiz ideológica de quienes nos gobiernan y que claramente lo vienen haciendo en beneficio del capital concentrado en desmedro del mundo del trabajo y de la Pymes, principales dadoras de mano de obra en nuestro país.
A ello debe agregarse la total falta de respeto a la calidad institucional, diciendo en campaña proselitista una cosa o silenciando las que no le benefician, para actuar en sentido exactamente contrario y ello es lo que ocurrió y queda graficado con la andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el presidente de la Nación, especialmente el mega decreto que abarca de una manera u otra todas las áreas y temáticas de gobierno, desde el embargo de sueldo de los trabajadores, autorización de venta de inmuebles de gran valor económico y estratégico, por su ubicación en lugares fronterizos, el que modificó con alcances prácticamente derogatorios, la ley que estableció la Paritaria Nacional Docente, la reforma previsional, negada durante la campaña y concretada sin mayor debate en unas raudas jornadas legislativas en ambas cámaras, con un quórum, una mayoría sumamente ajustada, en medio de una gigantesca movilización popular reprimida con una violencia a la que cuesta encontrar comparaciones de eventos similares, todo ello enmarcado en reuniones extorsivas con gobernadores provinciales para que ordenaran a sus senadores, todo ello denunciado por una senadora por Chubut en el mismo recinto de la Cámara Alta.
Formuladas estas precisiones, y ante la proclamada eventualidad de que se enviará en primer término un proyecto propiciando un blanqueo laboral direccionado a estimular la regularización de los trabajadores no registrados o “en negro” que rondan un preocupante 35 % del universo laboral argentina, debemos anticipar, como ya lo hiciéramos en otras columnas de nuestro primer ciclo, nuestra coincidencia y apoyo con el tema de la titulación, pero reiterando que el mismo no puede ser llevado a cabo haciendo recaer su costo sobre las espaldas de los trabajadores.
Como para inducir a los empleadores al blanqueo, no parece existir otra vía que ofrecerle la condonación de las deudas a la seguridad social devengadas por los empleadores durante todo el tiempo que los trabajadores regularizados estuvieron como no registrados, para evitar que los costos de la condonación recaigan sobre el sector más débil, los trabajadores, advertimos a nuestros legisladores, que al trabajador regularizado se le deberá reconocer la totalidad del tiempo que laboró sin registrar, a todos los efectos legales, tanto previsionales, como laborales.
Asimismo, para evitar picardías de empleadores que aprovechen la condonación para regularizar a sus trabajadores y a los pocos días o meses despedirlos sin el costo que significan las sanciones de la ley 23.013, se les deberá exigir como contrapartida de la condonación, mantener al trabajador blanqueado en relación laboral por un período similar al condonado o hasta que se acoja a la jubilación de ser menor, caso contrario caerá la condonación y se le exigirá el pago de las sumas no abonadas.
También consideramos que se debería incorporar a la agenda legislativa y de gobierno, una política activa de preservación de los puestos de trabajos existentes, hoy librados a los avatares del mercado, como consecuencia de un Estado ausente y despreocupado de la suerte de los mismos.
Finalmente nos pronunciamos en contra a reducir las multas para trabajadores no registrados de la ley 24.013, en cambiar los destinatarios de las mismas, ni en acortar los plazos de permanencia del empleador sancionado en el Registro respectivos, todo lo contrario, la mayor severidad y control para aquellos empleadores que desaprovechen la oportunidad que se les brinda o tomen trabajadores sin registrar en el futuro, y como el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, y con este gobierno el campo popular a sufrido gravísimas quemaduras que afectaron seriamente sus derechos, creemos conveniente comenzar este segundo ciclo en el portal haciendo este repaso recordatorio y poniendo en agenda la cuestión.