Los hechos se precipitan y la situación socio económica del país se anticipa alarmante.
Desde que asumió el presidente Macri, la inflación fue del 101,8 %, la devaluación de casi el 200 por ciento, la jubilación mínima subió solo un 83.3 % y el salario básico un 79 % , aspectos objetivos e indiscutibles que marcan la magnitud del ajuste, a quienes afecta y lo que cabe esperar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Por otra parte, de diciembre de 2015 hasta fin del año 2018 la relación Deuda Externa/ PBI ronda un 89 por ciento muy lejos del 35 por ciento en que lo había dejado la administración kirchnerista.
Es verdad que el F.M.I. presta a tasas menores que las que se pagan por los bonos en los mercados financieros, pero de ahí a pensar que ello es como consecuencia de un espíritu filantrópico o altruista, hay un abismo pues en particular su auxilio es también una respuesta de mercado a la Argentina, es decir los mercados de financiamiento externo están cerrados al país dada la delicada situación tanto interna como externa y el énfasis succionador de dólares por parte de la primer economía del mundo.
El F.M.I. sirve a los intereses de los grandes inversores internacionales, no a los de los intereses generales de países como el nuestro pues opera como un reaseguro de los capitales especulativos invertidos en la plaza financiera local a tasas récord a nivel mundial.
Se trata, como he explicado en anteriores columnas por este medio, de un organismo apatriado, que impone condiciones económicas de cumplimiento obligado, a cambio de la liberación de divisas por fases –mediante un control de las metas impuestas y la forma de llevarlas a cabo- , en un país soberano, afectando de este modo, la autonomía y representación ciudadana, y en definitiva, su naturaleza soberana.
El organismo otorga fundamentalmente dos tipos de préstamos, los que le corresponden a cada país en función de sus aportes y los denominados “Stand By” que imponen condicionalidades y esta es la clave del ajuste que nos espera.
Estos préstamos, si bien cobran tasas inferiores a las del mercado financiero, imponen condicionalidades tendientes a asegurar el cobro de la deuda externa a los acreedores, y no por buenos.
Sobreactuando el ajuste, el presidente aseguró a Lagarde que se “sobre-cumplirán” las metas del 2018 –reafirmando la intención de cumplimiento a destajo de las condiciones impuestas de ajuste, que, ya gravosas, por cuanto implican sobre todo la afectación en los sectores más vulnerables de la economía, se promete se redoblarán-, y coincidentemente, al comenzar con las provincias la discusión de las pautas presupuestarias para el 2019, el gobierno nacional propuso un nuevo coeficiente, obviamente a la baja, para la actualización de las jubilaciones, avanzando en una propuesta que las desindexe y las desenganche de la inflación.
Un interrogante es que posición asumirán los gobernadores peronistas al respecto al resto del ajuste que les pretende imponer el ejecutivo nacional. La experiencia adquirida y el recuerdo de las terribles consecuencias económico sociales de los ajustes económicos vividos en nuestro país obligan a fijar posturas en defensa de la ciudadanía que representan.
En paralelo, anticipando un recrudecimiento de la crisis social, una profundización del ajuste en el marco del acuerdo con el F.M.I., se dictó un decreto que autoriza a involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, en un claro intento de repotenciar las posibilidades represivas que degradan la democracia y en estado de derecho.
Este involucramiento a todas luces inconstitucional echa por tierra una Política de Estado que se remonta al retorno a la democracia en 1983 en que se resolvió separar la defensa nacional y de la seguridad interior.
No es el decreto la vía constitucionalmente idónea para retrotraer esa situación y habilitar válidamente a las fuerzas armadas en la seguridad interior.
Para que ello tenga consistencia constitucional, es necesario modificar en el Congreso de la Nación las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia, normas vigentes que no habilitan las decisiones presidenciales al respecto.
Una vez más el Gobierno de Macri muestra su total falta de respeto a la calidad institucional y al principio republicano de división de poderes e intenta unilateralmente llevar a cabo sus objetivos soslayando las mandas constitucionales.
Corresponde a la ciudadanía la defensa del sistema republicano de gobierno y sus instituciones, en cuanto a la afectación de derechos y sistema democrático, y a los representantes del pueblo, envestidos para ello en el Congreso, ejercer el mandato conferido para ello, así como a la Justicia la determinación de la afrenta constitucional a la que nos enfrentamos. ¿Estarán los restantes poderes, así como los poderes ejecutivos provinciales a la atura de las circunstancias? Desearía que así fuera.