La opinión de Oscar Cuartango.
Reiteradas veces en mis columnas en este portal he hecho referencia al ´principio constitucional de “Progresividad” en materia laboral, previsional y de derechos humanos, emanado de los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de nuestra carta magna al ser aplicable con rango supra legal el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” ratificado por nuestro país y mencionado expresamente en el aludido inciso 22 del artículo 75.
Esta afirmación nuestra, acaba de se corroborada por el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de las Naciones Unidas que está evaluando el cumplimiento por parte de nuestro país del referido Pacto en el diálogo interactivo entre los representantes del Estado –encabezados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- y los integrantes del Comité.
El órgano de aplicación de la ONU, le puntualizó al Estado argentino que las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos y que, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales. En síntesis, para el Comité el Estado debe tener en cuenta sus deberes en materia de DESC y no únicamente sus acuerdos financieros.
Desde la misma óptica, llamaron la atención sobre algunas cuestiones centrales que habían sido planteadas por las más de 55 organizaciones sociales en sus informes y cuestionaron los recortes en los programas de seguridad social –como la baja de las pensiones por discapacidad-, el desempleo –en particular el de las mujeres jóvenes-, la degradación de los Ministerios de Trabajo y de Salud Pública, la persecución a la actividad sindical.
También llamaron la atención sobre la represión de las protestas y los desalojos violentos y sostuvo que el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios, además de los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable.
El Estado respondió sin precisiones, con frases hechas como “en este gobierno pensamos en positivo” e intentó justificar el ajuste y el acuerdo con el FMI porque eran la manera “más barata de corregir el déficit”. Las observaciones finales del Comité se publicarán en las primeras semanas de octubre
Hay una situación crítica en la Argentina respecto del acceso y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al trabajo, a la salud y la seguridad social. Las limitaciones estructurales que mantiene el país fueron agravadas por políticas y económicas que produjeron una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados, una tendencia hacia la reprimarización del sistema productivo y un proceso acelerado de endeudamiento público.
Asimismo se reformó de manera regresiva el sistema jubilatorio y de seguridad social. Y se puso fin a un plan que permitía que quienes no tenían los aportes contributivos suficientes pudieran jubilarse, con un impacto mayor para las mujeres, que representaban el 75% de quienes accedieron al beneficio. Además, hubo un masivo e injustificado recorte de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad.
En este escenario adverso para los derechos, creció la desigualdad. Ya en el primer trimestre del año la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos se incrementó un 5,2% interanual. En los últimos meses la situación se vio agravada por una crisis económica, con la demanda interna enfriada, peores indicadores laborales y sociales, una inflación acelerada y el veloz deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos.
En junio, el gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual se comprometió a realizar un severo ajuste del gasto público, a cambio de un préstamo por 50.000 millones de dólares. Se preveía que el Estado argentino aumentara los recortes a subsidios a la energía y al transporte, despidiera a más empleadas y empleados públicos y suspendiera obras públicas. Pocos meses después, ese acuerdo quedó desfasado tras corridas cambiarias que aceleraron la devaluación monetaria, llevándola a más de 100% desde enero.
En pos de repactar el acuerdo con el FMI, el 3 de septiembre el gobierno anunció su intención de profundizar el ajuste fiscal para alcanzar la meta de “déficit cero” en 2019. Como gesto de austeridad, reestructuró el gabinete y degradó al rango de secretarías ministerios que implementan políticas públicas de gran impacto en los derechos económicos, sociales y culturales: Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología. De esta forma el Estado nacional abandona su rol rector en áreas que presentan desigualdades estructurales entre las distintas regiones del país.
Para 2018 las estimaciones oficiales prevén una inflación de 42% y una contracción económica de 2,4%. Este escenario macroeconómico, junto con el impacto del ajuste, indefectiblemente generará mayores niveles de desigualdad, desempleo y pobreza. Y eso tendrá un impacto directo en los derechos de los sectores medios y populares.
Hay casi dos millones de personas desocupadas en la Argentina, de quienes el 39% lleva más de un año buscando trabajo. La tasa de desocupación pasó de un 5,9% en el tercer trimestre de 2015 a un 9,6% en el segundo trimestre de 2018. Al mismo tiempo, se han pauperizado las condiciones laborales y de contratación. Las mujeres y las personas jóvenes enfrentan mayores problemas de empleo según todos los indicadores, lo cual viola el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
En cuanto a los obstáculos y las violaciones al derecho a la libertad sindical, se analizan varios casos, como la persecución política y judicial que sufren las y los trabajadores docentes de Tierra del Fuego, los azucareros de Salta y Jujuy, los estatales de Rio Negro y los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. También se da cuenta de la intervención indebida en la vida interna de los sindicatos, las dificultades para ejercer plenamente el derecho a la negociación colectiva y el uso arbitrario de la conciliación obligatoria.
En medio de la difícil situación económica y de baja calidad iinstitucionales en que nos encontramos inmersos, nos resulta altamente satisfactorio que ese Comité de las Naciones Unidas, se haga eco de reclamos efectuados por Organizaciones Sociales de nuestro país y haya comprometido su dictamen para el próximo mes de octubre.
Es de esperar que tanto el oficialismo como la oposición tomen debida nota de estas observaciones y obren en consecuencia, con especial atención en el tratamiento de la denominada ley de leyes, El presupuesto nacional.