Por Oscar Cuartango.
Un devaluado Gobierno Nacional y una no menos desgastada conducción de la G.C.T. Nacional, acordaron posponer la medida de fuerza consistente en un paro nacional en los días previos a la reunión del G 20 en nuestro país, contra el pago de un no muy bien definido ni precisado, bono de fin de año por un total de $ 5.000, en dos cuotas a los trabajadores en relación de dependencia, sin precisar muy bien el universo comprendido y otras desprolijidades.
Esa componenda, se materializó con el dictado de un decreto no menos confuso y deficiente, por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
La transa así operativizada, a más de sus deficiencias técnicas, recibió fuerte y fundadas críticas de todos los sectores afectados por la misma.
Los sectores sindicales más confrontativos cuestionaron la negociación por considerar por demás insuficiente el monto del bono, cosas a todas luces evidente y por haber pospuesto sine die, una medida de fuerza direccionada a cuestionar las políticas económicas y sociales del gobierno, contra el pago por única vez de un bono que apenas constituye un insuficiente y mezquino paliativo a la dura realidad que afecta a los asalariados, a los jubilados y pensionados y a las capas medias y bajas de la sociedad en su conjunto.
Por el lado de los empleadores, calificados voceros, especialmente del sector Pyme, manifestaron la imposibilidad de la mayoría del arco empresario de dar cumplimiento al misma por la falta de recursos y la falta de acceso al crédito habida cuenta las tasas de interés impuestas desde el Banco Central con sus políticas de restricción del circulante
Desde otra óptica y en un vano intento por aparecer como protegiendo el empleo, evitando despidos, en el decreto en cuestión se implementa coercitivamente para los empleadores un procedimiento, a mi criterio inútil e inconstitucional, consistente en la comunicación previa de todo despido hasta marzo de 2019, dando cuenta y justificando la situación económica de la empresa, que la lleva a despedir.
Digo inútil, porque el procedimiento preventivo de crisis antes de despedir masivamente, ya preexistía en nuestra legislación e inconstitucional, porque medidas de esta envergadura con la posibilidad de imponer multas establecidas en la ley 25.512, deben ser establecidas legislativamente y exceden en mucho las atribuciones del Poder Ejecutivo en un mero y simple decreto, ya que ni siquiera se recurrió a un Decreto de Necesidad y Urgencia, aunque éste fuera también cuestionable.
En Síntesis, el Gobierno sigue mostrando improvisación, mala praxis y absoluto desapego a la calidad institucional, como así también una total insensibilidad para con los que menos tienen.
Como consecuencia de las condicionalidades impuestas en el memorándum de entendimiento con el F.M.I., el organismo internacional, de facto, se ha quedado con el manejo, en lo sustancial, de nuestra política macroeconómica, ello solo va a traer sufrimiento a nuestro pueblo por el duro ajuste que implica y va a generar una muy pesada herencia para quienes sucedan a Mauricio Macri en el 2019.