Por Pablo Galarreta.
En un escenario de pandemia mundial, y con reflexiones muy drásticas como las de Jeremy Rifkin que nos plantean la necesidad de un cambio radical con el medio ambiente, y /o la utilización de las energías contaminantes, o como conclusión dramática se extermina nuestra especie. Esto nos impone, repensar profundamente los temas de la agenda pública, y en especial el sistema político que nos regula nuestra convivencia social y política, así como también su capacidad de absorber las nuevas demandas, y la garantización de los derechos humanos.
Somos conscientes que la democracia en sus orígenes en Grecia, como gobierno del pueblo, establecía en forma directa la participación de sus ciudadanos en las cuestiones públicas, a pesar de la exclusión de extranjeros y esclavos. La historia de la humanidad, y en especial de occidente, fueron configurando hacia el siglo XVIII y XIX una democracia indirecta, sumando a las monarquías los parlamentos con representantes del pueblo, es decir el pueblo gobernaba y deliberaba a través de sus representantes. Así llegamos al siglo XX en tensión con un modelo de democracia representativa e indirecta, que para Maurice Duverger consideraba que “bajo la apariencia de los procedimientos modernos, los viejos regímenes de autocracia feudal continúan funcionando en la práctica”. En este marco comienza a imponerse el concepto de un nuevo modelo de democracia, la democracia social, que sin dejar de lado la representatividad política, construye mecanismos institucionales que acortan la distancia entre representante y representaciones políticas y sociales, especialmente en el camino de la toma de decisiones políticas o de estado.
En este escenario de tensión sobre la necesidad de nuevas formas de participación ciudadana que perfeccionen la democracia formal, Argentina fue víctima permanente de los sectores económicos y políticos, como la oligarquía, las corporaciones, el neoliberalismo, que mediante dictaduras sangrientas, democracias subordinadas a sus intereses, impedían democratizar la democracia. Hoy, con un gobierno nacional, democrático, feminista, latinoamericanista, Argentina se enfrenta con la crisis de la globalización, y con el desafío de revalorizar fuertemente las gestiones de los gobiernos nacional, provinciales y municipales como actores aliados fundamentales de la sociedad en la reconstrucción de derechos.
El Estado municipal en la provincia de Buenos Aires, sufre un inmenso atraso en relación a su actualización institucional, con un esquema de más de 60 años regulado por el decreto ley 6769/58, más la frustración en la reforma constitucional de 1994 de incorporar la Autonomía Municipal a la Constitución Provincial. Pero a pesar de ello, y gracias a presiones populares, se fueron generando instituciones participativas como Planes Estratégicos Municipales, Presupuestos Participativos, Consejos Temáticos Municipales, Planificación Comunitarias, nuevas divisiones de circuitos electorales, etc. Instancias institucionales que acortaban la distancia entre la gestión y la participación de vecinas y vecinos en los procesos de decisiones políticas.
La descentralización municipal, sin necesidad de una reforma constitucional inmediata del régimen municipal, se convierte en un camino de democratización del esquema institucional actual, como así también de planificación de la comunidad. La misma exige una serie de requisitos, inclusive en el marco del decreto ley 6769, como la fuerte voluntad política de la dirigencia de gestar las comunas o municentros o centros de participación y gestión (Entes descentralizados), un marco legal claro especialmente en las funciones políticas y administrativas, traslado de recursos económicos y financieros para las funciones asignadas, composición política y régimen de elección del ente descentralizado, definición de las zonas o nueva división política del distrito considerando los elementos comunes socioeconómicos, culturales, industriales, comunicacionales, etc., de las zonas determinadas. Además de la creación de juntas vecinales que permitan la participación directa de vecinas y vecinos en los planes de acción pública en sus barrios, ya sea anual como interanual, como así también del presupuesto que la nueva entidad municipal requiera para su efectivo funcionamiento y la coordinación entre el gobierno central y el organismo descentralizado.