La Comisión Provincial por la Memoria la presentó públicamente en una conferencia de prensa en Mar del Plata. Lo vinculan con delitos de lesa humanidad durante los años de la dictadura cívico-militar.
Los documentos surgen en el marco de la causa por el secuestro y muerta de Ana María Martínez, militante del PST (el 4 de febrero de 1982).
El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, la directora general, Sandra Raggio, y los miembros permanentes del organismo, Susana Méndez y Yamila Zavala Rodríguez, llevaron adelante la presentación y expusieron los fundamentos.
“En la Justicia se están investigando estos hechos pero, por la enorme relevancia que tiene para nuestra democracia, estamos trabajando en el pedido de Jury y ya le reclamamos a la Procuradora la inmediata separación del cargo: la responsabilidad de sus funciones no puede estar atravesada por estas denuncias que contradicen los principios de la justicia y la democracia”, dijo el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
“Los documentos de la DIPPBA constatan la participación de agentes de inteligencia en la infiltración y espionaje de ese movimiento político y en el secuestro y asesinato de Martínez. A partir de ese caso, nos encontramos con que integrantes de la delegación San Martín de la DIPPBA participan en el secuestro, detención y tortura de tres militantes del PC. Uno de los agentes involucrados es, justamente, Fernández Garello. Con todos esos datos empieza a revelarse una trama de operativos conjuntos entre esa delegación DIPPBA, la Brigada de investigaciones de San Martín -donde funcionaba un centro clandestino de detención- y el batallón 201 del Ejército que dependía del batallón 601”, puntualizó.
Por su parte Yamila Zavala Rodriguez señaló que “Este caso nos sensibiliza profundamente, porque una de las víctimas, Ana Maria Martínez, vivía aquí y debió mudarse por la represión y persecución que sufrió en esta zona el PST. Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata exigimos que se haga justicia con carácter urgente”.