Lo decidió la fiscal federal Paloma Ochoa a raíz de una denuncia de diputados del Frente para la Victoria por supuesta administración infiel.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó este miércoles al presidente Mauricio Macri, al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por el delito de administración infiel en perjuicio del Estado, en el marco de la emisión de Letras del Banco Central (Lebac), y pidió el listado de quienes compraron esos títulos desde el 10 de diciembre.
Según los términos de la denuncia, la imputación se relaciona con la emisión de más de 685 mil millones de pesos de títulos de deuda de corto plazo (Lebac) con tasas de 40% anual, ya que habrían manipulado “el verdadero valor de la divisa”.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que ante el juez Daniel Rafecas la fiscal dio curso a la denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos “Cuto” Moreno, Diana Conti, y Rodolfo Tailhade.
Los denunciantes acusaron a Macri y a los otros funcionarios por los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado Nacional.
La imputación radica en que entre diciembre de 2015 y octubre de este año el valor de la cotización del dólar con relación a la moneda nacional se fijó a precios inferiores a los de mercado.
Según los diputados, es un caso análogo por el cual se procesó a la expresidenta Cristina Kirchner por presunta defraudación en la venta de contratos por dólar futuro.
La fiscal Ochoa consideró que “la emisión abusiva de ambos títulos de deuda pública -tanto Lebacs como bonos de la deuda externa- habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado Nacional”.
Señaló que esta operatoria habría beneficiado a “determinados grupos económicos quienes, ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado y frente a la venta indiscriminada de esas divididas por parte del BCRA, aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores fictos (sic) y sin límite alguno que fueron, fugaron del sistema financiero argentino”.
En ese sentido, la fiscalía reclamó saber si “los sucesos ocasionaron o siguen causando perjuicios en la economía nacional y/o el erario público”.
“Los denunciantes manifestaron que los funcionarios públicos imputados, a fin de mantener artificialmente bajo el tipo de cambio de dólar respecto de la moneda nacional, se valieron de un incremento exponencial del proceso de endeudamiento externo del país”, indicó la funcionaria.
De ese modo, la fiscal consideró que “los imputados, con el único objetivo de contener el tipo de cambio del dólar en un rango inferior al real, habrían contraído más de 40 mil millones de dólares de endeudamiento externo, cuyos fondos se malvendieron a petición de ciertos sectores de la economía que de esa manera alcanzaron a dolarizar sus activos a costo considerablemente menores a los de mercado”.
Al impulsar la investigación, la fiscalía solicitó medidas de prueba como ser copias de la causa por dólar futuro así como acceder a través de los bancos sobre la nómina de personas físicas y jurídicas que adquirieron Lebacs desde el 10 de diciembre hasta la actualidad.
Asimismo pidió que el BCRA informe sobre el volumen de Lebacs y bonos ofrecidos y enajenados sobre ese período, la evolución de valores y letras y un detalle histórico de ese tipo de operaciones.
Por último, reclamó que sean citados los diputados de Cambiemos Eduardo Conesa, el economista Martin Polo y cuatro periodistas. (Parlamentario)