Tras los pronunciamientos de la OEA, la CIDH, Amnistía Internacional y el CELS, el bloque que conduce Héctor Recalde denunció que “en Jujuy no hay justicia posible porque es un poder dependiente del gobernador Morales quien a su vez es apoyado por Macri. Así lo resolvió la propia ONU”.
El bloque de diputados nacionales del FpV-PJ, que preside Héctor Recalde, volvió a pronunciarse en torno a la situación de Milagro Sala, al afirmar que “el atropello a las instituciones y a las libertades públicas por parte del gobernador Gerardo Morales, con apoyo del presidente Mauricio Macri, no tiene límites, al embestir ahora contra la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta”. Los diputados se solidarizaron ante “la maliciosa denuncia que hicieron dos jueces adictos a la provincia”.
Reclamaron porque se están desoyendo los reclamos de organismos internacionales y sostuvieron que esa situación “justificaría el juicio político al presidente de la Nación por la violación a los Tratados Internacionales”.
Afirmaron que “Morales y el Gobierno nacional demuestran un insaciable revanchismo político y social que ya no pueden esconder con el discurso del diálogo, consenso y globitos al aire”.
“Hasta propios y extraños al Gobierno nacional le vienen marcando día a día que la libertad de Sala debe ser inmediata y, en cambio, la mantienen secuestrada con argumentos insostenibles e irrisorios como el que desplegó Macri. No se condena a un ciudadano o ciudadana porque “les parece” que cometió delitos o porque hay una supuesta mayoría que opina que debe ser condenada. Existe el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso legal y la defensa en juicio”.
“Es un escándalo político que compromete la imagen del país a nivel internacional que con el gobierno de Raúl Alfonsín recuperó el respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de los tratados internacionales avalados por el Congreso y consagrados en la Constitución Nacional y que consolidó Néstor Kirchner bajo los preceptos de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó la bancada K, que concluyó denunciando que el Gobierno nacional “miente cuando informa que ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables. Tanto esta mentira como la ingenuidad, en caso de falta de conocimientos de las normas, justificarían el juicio político al presidente de la Nación por la violación a los Tratados Internacionales”.