La medida de un juez federal contra el FMI y el gobierno.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dispuso que las empresas que prestan el servicio de gas domiciliario, no puedan cortar el gas a personas que tengan deudas debidas en estos días, a situaciones de pobreza, indigencia, despidos arbitrarios o razones semejantes. Ramos Padilla, hizo lugar a un amparo colectivo de la Asociación Consumidores Argentinos que solicitó con frenar los cortes que se producen por la violencia del tarifazo dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y ahora sostenida por el FMI que ordenó ubicar en el gabinete como superministro, al titular de economía, Nicolás Dujovne. Así es que el magistrado expuso en su medida cautelar que “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago”.
Fueron José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, quienes peticionaron a la Justicia como apoderados de la Asociación Consumidores Argentinos. En su presentación reclamaron a la autoridad de justicia, que los aumentos del gas sean declarados nulos e inconstitucionales “por falta de audiencia pública” y que se ordene a las empresas distribuidoras acabar con las subas y poner el precio del gas en términos anteriores al 1° de abril de 2018. En ese camino, pidieron la devolución de los aumentos a quienes los pagaron.
Planteó el juez en su resolución que “Se habrá de dictar una medida cautelar interina -distinta a la peticionada- que considero indispensable a los fines de garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y -de este modo- proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado”. La medida de Ramos Padilla, determinó únicamente que se suspendan los cortes. El Estado podrá expresar su hipótesis antes de que el juez pueda disponer, retrotraer el tarifazo al 1° de abril. La medida, al provenir de un juez federal, alcanza a todo el país y perjudica a ajustes y ajustazos dispuestos por el gobierno, ahora monitoreado y con medias directas derivadas de la autoridad superior del FMI que pretende asegurar el pago de la enorme deuda externa, las corridas y las especulaciones del gobierno, en favor de corporaciones internacionales y buitres.
La resolución del juez de Dolores se produce horas antes de que el Senado debata un recorte decisivo en el tarifazo. El gobierno procura sin mayor suerte, dar vuelta el brazo de los senadores de la oposición que, en ocasiones con mandato de sus gobernadores, van a votar contra la política de Macri, Aranguren, Dujovne, ahora bajo la conducción del FMI.