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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) rechaza la “Prueba Aprender 2016”, que se aplicará mañana en todo el país, por considerarlo un estudio reduccionista, que no cuenta con la participación de los docentes y gremios, y que solo busca generar controversias sobre la educación.  

 

“Rechazamos este operativo porque es un estudio sesgado y reduccionista de los contenidos que tienen que adquirir los chicos, pero además hay una clara intencionalidad política para poner en tela de juicio a la educación. Este Gobierno intenta fragmentar y generar rankings de escuelas y docentes para remarcar que la educación privada es mejor. Nosotros no lo creemos así”, subrayó Mario Almirón, Secretario General de SADOP.

“No debe existir un control del Estado sobre la Escuela, sino una construcción en conjunto. De acuerdo al resultado de este tipo de iniciativas se puede castigar o premiar a distintas instituciones, en vez de tratar de ver las causas que determinan el nivel de aprendizaje de los chicos”, remarcó.

Además, SADOP rechaza la idea unilateral y pragmática de que en Argentina, los problemas de la Educación provienen de la falta de evaluación. Los sistemas de medición que se vienen llevando a cabo (PISA, Operativo Nacional de Educación, Prueba Aprender) miden solo capacidades intelectuales, dejando explícitamente afuera los contextos sociales, culturales y económicos en los que se lleva a cabo la Educación.

Por otro lado, SADOP ve con preocupación el intento del Gobierno Nacional de estigmatizar a los maestros y profesores, acusándolos de querer evadir las instancias evaluadoras, en un claro aporte al desprestigio de tan destacada labor social. “En nuestra carrera nos formamos en instancias evaluadoras, las que luego concretamos en la práctica pedagógica. Los docentes somos autocríticos de nuestra propia tarea como educadores”, aseguró al respecto Almirón.

Así, el Sindicato denunció que el Aprender 2016 es una práctica que busca deteriorar el rol docente, como lo hace el ítem aula en Mendoza, que flexibiliza al educador y lo obliga a concurrir al colegio, aun cuando se encuentre enfermo, a riesgo de sufrir grandes descuentos en su salario si no asiste al establecimiento.

“No estamos dispuestos a negociar, ceder o resignar derechos. Rechazamos toda forma de arbitrariedad en especial esta norma que es perversa y avasalla nuestras conquistas sociales”, señaló Almirón.

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