La investigación no tienen nuevas pistas y lo único que se destaca es la organización de las pruebas. Buscan esclarecer el caso a partir de las huellas dactilares y los cruces telefónicos.
Se cumplen diez años de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo que declaró contra el genocida Miguel Etchecolaz y que fue visto por última vez en Los Hornos.
De acuerdo al sitio Fiscales, la investigación sigue dos caminos: los cruces de las llamadas telefónicas realizadas el 18 de septiembre de 2006 en la zona donde fue visto por última vez, en Los Hornos, y en el cotejo de sus huellas dactilares con la de los cuerpos sin identificación hallados en diferentes lugares del país.
La información se desprende del informe elaborado por el fiscal general Marcelo Molina, coordinador de la Unidad que interviene en procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, que fue remitido hoy al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
“Prácticamente está frenada la investigación desde hace años, porque no hay nada nuevo. Por los diarios me enteré hace pocos días que el fiscal pidió a las compañías de teléfono que no borren el historial de pruebas ya que pasaron diez años”, afirmó Rubén López por Radio El Mundo.
El hijo del testigo no se mostró sorprendido de que en los principales diarios del país no contaran la noticia de que pasaron diez años de la segunda desaparición, la primera había sido durante la dictadura militar.
“No me sorprende que no esté en estas tapas. Hemos visto que en los últimos meses que hay una necesidad de intentar mostrar que la dictadura fue una guerra sucia. Esto es para hacer un nuevo relato”, dijo López en una entrevista con Mariana Contartesi en el programa Te quiero contar.
El fiscal Molina – a cargo de la pesquisa desde el 18 de septiembre de 2009- le informó a Auat sobre dos líneas de investigación que fueron cerradas recientemente e indicó cuáles de las más importantes continúan activas. Al mismo tiempo, describió el resultado de la continuidad de otros procesos que tienen relación con el expediente, como la investigación de todos los represores denunciados por López en su testimonio y la pesquisa abierta por la obstaculización de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a tareas de seguimiento sobre la actividad de los detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Marcos Paz.
El informe reseña además que, pese a los reclamos que desde 2014 viene realizando la Fiscalía al Ministerio de Seguridad para recibir la asistencia de una fuerza “especializada en delitos complejos”, la denominada “Comisión Caso López” de la Policía Federal es la única que actualmente trabaja en la causa a las órdenes del Ministerio Público.
La causa López se compone hoy de 45 cuerpos principales y, a la fecha, está acompañada de 59 legajos y 74 anexos integrados principalmente por transcripciones de intervenciones telefónicas. “Esos legajos y anexos a su vez se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta Fiscalía, sin hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal”, indicó el fiscal Molina en el informe.
El legajo que concentra los análisis de las comunicaciones telefónicas contiene “la disección de todos los registros –con los que se cuenta en la causa- de llamados entrantes y salientes, comunicaciones captadas por las diferentes antenas telefónicas, cruces telefónicos y toda relación existente entre los teléfonos utilizados por las personas sospechadas en cada pista, como así también con los distintos abonados con los que aquellas han estado comunicándose”.
Ese trabajo aborda un objeto con más de cinco millones de registros. Tras saltear inconvenientes técnicos, uno de los principales logros del último año fue la “conformación de una base de datos acotada” que “arrojó una nueva perspectiva de trabajo”.
Como los cruces telefónicos son una de las principales herramientas de la pesquisa, la Fiscalía requirió -y le fue concedida por el Juzgado Federal N°1 de La Plata- una medida cautelar para que las empresas prestatarias del servicio no destruyan esos registros. La solicitud, formulada el 7 de septiembre pasado, tiene que ver con que la normativa obliga a las empresas a preservar esa información durante diez años, que están a punto de cumplirse. Si bien la Fiscalía cuenta con copia de la información, “se impuso la necesidad de asegurar la fuente de los datos” para “salvaguardar el historial de información existente de, al menos, las líneas telefónicas que a la fecha resultan relevantes”, informó.
Otro de los legajos que continúa activo es el que busca a Jorge Julio López a partir del cotejo de sus huellas dactilares con las de cadáveres no identificados en todo el país, lo que llevó a la Fiscalía a plantear la necesidad de que exista un registro nacional de personas NN a través del cual se facilite el acceso a las huellas digitales de esos cuerpos. Esa medida, que no fue puesta en marcha, obliga a seguir trabajando en base a informes que regularmente remiten a la Fiscalía morgues de diferentes puntos del país.
Los represores y otras pistas
Uno de los legajos abiertos en la causa incluye la investigación de “todas y cada una de las personas que la víctima había mencionado como integrantes de fuerzas de seguridad y ‘patotas’ a cargo de la represión entre octubre de 1976 y junio de 1979”, fechas en las que López estuvo privado ilegalmente de la libertad.
La Fiscalía destaca que una parte de ellos fueron juzgados y condenados en el juicio por el denominado “Circuito Camps” de centros clandestinos de detención, finalizado en 2012, mientras que otro de los imputados se encuentra elevado a juicio en la causa por los crímenes en los centros clandestinos de la localidad de Arana.
En tanto, recientemente el Juzgado Federal N°1 de La Plata procesó a una veintena de civiles, militares y policías por crímenes en la comisaría 8va de La Plata, diez de los cuales están imputados por la privación ilegal de la libertad y los tormentos padecidos por López. Esa seccional fue el último centro clandestino de detención policial por el que pasó antes de recaer en la cárcel.
Por otro lado, el informe revela que el 1° de mayo de 2015 se realizó con la colaboración de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes un procedimiento en una chacra de esa provincia a raíz del testimonio de un vendedor ambulante que dijo que había visto a López encadenado en ese lugar. Los testimonios recabados previamente indicaban a uno de los moradores del establecimiento como miembro de la custodia del condenado Miguel Etchecolatz. El resultado del operativo fue negativo y las diligencias realizadas con posterioridad pudieron determinar que la persona supuestamente vinculada al represor había sido policía durante diez meses en el año 1990. Esa pista fue cerrada.
También fue descartada por el momento otra hipótesis que había llevado a realizar un procedimiento en terrenos del Ferrocarril Roca, en inmediaciones de la Estación Pereyra Iraola, a raíz de que un testigo había indicado que en ese lugar se encontraban los restos de la víctima.
El documento asimismo destaca que la Cámara Federal de La Plata aún no resolvió el recurso de apelación de la Fiscalía contra la resolución que procesó a seis de los siete imputados del Servicio Penitenciario Federal por “omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio”, el menos grave de los tres delitos -prevé una multa e inhabilitación de hasta un año- que los fiscales les imputaron en la causa por diversas irregularidades detectadas en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre 2006 y 2007.
En ese recurso, pendiente de resolución desde hace casi un año y medio, la fiscalía reclamó que se amplíe el procesamiento por tipos penales vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público que alcanzan los cuatro años de prisión. (Infobaires24)
