Por Sergio Salinas Porto.
El proceso infocomunicacional en Argentina tiene un gran desafío en el marco del COVID19 y eso es sin lugar a dudas un hito en la agenda de los ciudadanos de a pie.
Luego de haber pasado por cuatro años de políticas neoliberales y de una maquina aceitada de saqueo en el país, conducida por Mauricio Macri y un gran equipo de inescrupulosos que componen la fuerza política Cambiemos, es necesario revisar no solo el mapa comunicacional, sino también tomar iniciativas tendientes a poder garantizar la voz de los sin voz, desarrollar una infraestructura de fibra óptica capaz de unir las grandes concentraciones de ciudadanos con los espacios territoriales de menor cuantía poblacional y el de regular las tarifas en un marco de equidad y de simetría democrática.
La iniciativa llamada internet esencial (Internetesencial.org), tomada inicialmente por nuestro partido Frente Grande, Internauta (la Asociación Argentina de usuarios de Internet), Progresistas y Consumidores Responsables y que luego se hacen eco de esto más de sesenta organizaciones políticas y de la sociedad civil que componen el comité de impulso, es un claro ejemplo que la política se construye de abajo hacia arriba con un gran epicentro de raigambre popular, como otras leyes que la democracia a parido, para el caso la ley de Servicio de comunicación audiovisual (Ley 26.522).
Hay un marco legal nacional e internacional que le da sentido al pedido de que Internet, la Telefonía celular y el servicio de Televisión por suscripción en sus versiones cable o satelital, sean declarados Servicios Públicos Esenciales, solo con nombrar, la declaración de internet como Derecho Humano por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016, la Ley 27.078 Argentina Digital en el año 2014 o la anteriormente nombrada Ley 26,522 de Servicios de comunicación audiovisual sancionada en el año 2009, producto de una lucha impulsada por más de trescientas organizaciones que se unieron por consenso en 21 puntos por una comunicación democrática, para dar por terminada con una de las leyes que nos dejó la dictadura militar en nuestra patria (Ley de radiodifusión 22.285).
Estas dos leyes, la Ley Argentina Digital y la de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron mutiladas y malogradas por el Macrismo apenas ingresaron al gobierno allá por el 2016, para lograr el objetivo de que su mayor socio (¿patrón?) se quede con la mayor porción del mercado infocomunicacional al sumar Telecom y Personal a su suit de empresas adheridas a la lógica perversa del Multiplay que ellos mismos impulsaron en el país.
Hoy los dueños de la comunicación en el país son prácticamente tres, Clarín (Fibertel, Cablevision, Personal, Telecom, etc.), Telefónica de Argentina (Movistar Argentina, Tuenti, Movistar TV, etc), Claro ( Claro móvil, Internet, hogar, Claro VoWiFi, etc) eso hace que el nicho de negocios sostenga un privilegio sobre estos grupos oligopólicos en detrimento de las cooperativas y pequeñas empresas ISP (Proveedoras de Servicios de Internet), que deben cubrir aquellas áreas de poca concentración poblacional y de los ciudadanos que sufren el embate de tarifazos mes tras mes sin posibilidad de una regulación con sentido común donde se sopese el costo real de la transmisión de datos puesta en la puerta de la casa y la factura con ganancia exorbitante (plusválicas) que hasta hora sufrimos los ciudadanos y ponga coto a tal desmadre.
Soy un convencido que el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional, es un derecho y no un privilegio y por eso creo que el estado debe de acompañar los procesos de comunicación en nuestro país.
Durante más de veinte años de activismo digital he sostenido a la luz de la lucha por el acortamiento de la brecha digital que estos servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción o tarifa (cable o satelital) deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse estos servicios como Servicios Público Esenciales y Estratégicos para el país.
El Estado como expresión de síntesis del colectivo popular debe de tener facultades para monitorear y regular las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos en el marco de las razones emergentes del interés público.
Hay otro tema que me preocupa y que surge de la misma lógica de la que hablamos que es el Estado en suma de oportunidad y derecho debe de pensar y ayudar a los sectores que menos tienen y más producen en nuestro país, eso ayudaría de alguna manera al axioma primario de equidad. Se debe atender la necesidad de los sectores populares que integran la base de la pirámide social por nivel socioeconómico, quienes recibieron las consecuencias de altos aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Esos aumentos impulsados durante el gobierno del Macri, impusieron en la vida de los argentinos costos fijos significativos poniendo en disvalor sus magros ingresos percibidos.
Actualmente, para satisfacer necesidades de un acceso básico y esencial a la Infocomunicación, se debe de tener en cuenta el gasto en los medios digitales-audiovisuales, como el abono de internet o la adquisición de un celular y la contratación de un plan mensual o por abono o el acceso a TV por suscripción.
Es imprescindible en este marco hablar de un programa de TARIFA SOCIAL que no solo contemple la quita de impuestos por parte del Estado a la tarifa final entregada por la empresa sino también un aporte por parte de las empresas prestadoras de servicio que haga que los sectores más vulnerados y desfavorecidos puedan llegar a ingresar a un programa de acortamiento de la brecha integral, donde la TV por suscripción o tarifa, internet y la telefonía celular estén incluidos. Es justo que aquel que obtiene una gran ganancia (sobre todo estos últimos años) tienda puentes solidarios con los que menos tienen y más producen en el país.
Creo que debemos pensar en una Argentina Integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional, donde nuestras mujeres, jóvenes, niñas y niños, mayores, sectores de la economía popular y MYPes tengan un lugar de equidad a la hora de hacer valer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación, esto es imposible sin tener en cuenta que debe existir una TARIFA SOCIAL que rompa la barrera entre pobres y ricos que tanto profundiza la brecha digital existente en nuestro país, los ciudadanos y las ciudadanas no resistimos un aumento indiscriminado más por parte de estos pocos grupos de empresas oligopólicas.
Los ciudadanos en su conjunto somos quienes sufrimos a diario las consecuencias de elevados aumentos en las tarifas de servicios públicos durante estos últimos años, agregado a ello que el mal servicio que ofrecen las Proveedoras de Servicio de Internet (ISP), TV por suscripción o tarifa (cable o satelital) y Telefonía Celular, prueba de ello es que quienes encabezan las empresas que peor tratan a sus clientes.
Si pensamos en una Argentina integrada y con un futuro cierto debemos de priorizar el acceso y permanencia a las TICs de todo habitante de nuestro suelo patrio, esto significa no solo pensar en aportes económicos desde el Estado, sino en diseñar políticas de estado en el marco de la soberanía de datos y la soberanía tecnológica, procurar un diseño curricular en la educación básica que incluya pensamiento computacional y lenguajes informáticos, los cuales darán base a los jóvenes a poder tener independencia y libertad de elección en cuestiones sensibles como por ejemplo la utilización del software, el impulso del cuidado de los datos personales o la mirada integradora de la cooperación en redes y también sin lugar a dudas en cómo están integrada la red de infraestructura de telecomunicaciones para utilizar la fibra oscura (aquella que no está siendo utilizada por los prestadores de servicio de Internet) en términos solidarios e integradores por parte del Estado y proveer un servicio de calidad en las zonas blancas donde no llega el servicio por imperio de la conveniencia de las empresas que priorizan brindar servicios en las grandes concentraciones urbanas, dejando librado al azar a los agrupamientos territoriales menos poblados.
En síntesis, el camino hacia una conectividad equitativa e integradora está a nada de ser posible, la lucha más controversial se da en términos políticos, en cuanto haya voluntad política de hacerla realidad y económicos, en cuanto la disputa de correlación de fuerzas entre la política social vs el voraz apetito empresarial. Va por nosotros los ciudadanos empujarla de abajo hacia arriba para generar un triunfo popular que logre que el PEN lo decrete como Servicio Público Esencial y que el congreso (con los tiempos del congreso) apruebe el proyecto de ley que indica en su contenidos a Internet como un Servicio Público Esencial y Derecho Humano.
Indudablemente, como todo entusiasta como soy creo que parafraseando la consigna de la III Cumbre de los Pueblos de América del año 2005 realizada en mi ciudad, Mar del Plata, cuando gritamos NO AL ALCA, Otra internet es Posible!
