El día 20 del corriente mes, en el periódico digital de La Nación, se publicó una nota titulada “Se tratarían durante el Mundial las reformas laborales más resistidas” y en el desarrollo de la misma, de autoría de Nicolás Balinotti, se manifiesta que Macri dio la orden de volver a la carga con el proyecto oficial cuyo tratamiento legislativo se había abandonado luego de los incidentes de público y notorio conocimiento que rodearon el tratamiento de la reforma previsional.
En esa nota se habla del tratamiento durante el primer semestre de las reformas que generan mayor consenso, tales como el blanqueo laboral, la ampliación de las licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral, respecto de las cuales hemos escrito en anteriores columnas del diario digital Infobaires24 y a cuyo contenido nos remitimos en honor a la brevedad.
Las modificaciones más resistidas, se refieren a la baja del cálculo base de la indemnización por despido, la creación de un fondo de desempleo a semejanza del que existe para los trabajadores de la construcción, la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, entre otras no menos lesivas para los trabajadores y jubilados.
Todo lo cual denota la falta de creatividad del Poder Ejecutivo para enfrentar la preocupante situación económica en que nos encontramos, por cuanto elige la afectación de los sectores más vulnerables para intentar un crecimiento o mejora a costa de ellos.
Lo expuesto nos impone el deber de transitar un camino analítico del marco constitucional al que se debe adecuar cualquier iniciativa parlamentaria, sea por Ley del Congreso Nacional, por Decreto de Necesidad y Urgencia o de un simple Decreto del Poder Ejecutivo, que no es otra cosa que: “adecuar el traje al cuerpo y no el cuerpo al traje” como con la claridad que lo caracterizaba lo expresó el inolvidable Arturo Jauretche.
Por nuestra parte, y en plan de ser parte de la democracia como oposición responsable y alternativa, hemos propuesto en nuestra primer columna del ciclo 2018 en este medio digital –publicada en 24/01/2018 – y con respecto al tratamiento de la preocupante situación de los trabajadores no registrados –“trabajo en negro”- un proceso de blanqueo progresivo que resguarde los derechos de los trabajadores y permita al sector patronal su registración, a los efectos tributarios y cargas de seguridad social, sin un gravamen excesivo, evitando así despidos y reclamos judiciales por trabajo no registrado.
A tal fin, viene a cuento recordar que el artículo 14 bis de la constitución, en lo pertinente establece “protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público…” y el artículo 75 inciso 22 reza “…Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.” Y entre ellos se encuentran: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre otros.
El 14 bis de la constitución Nacional como ya hemos dicho garantiza la “protección contra el despido arbitrario y los artículos 6, 7 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre otros, se desprende la vigencia de lo que calificada doctrina y jurisprudencia denomina como “Principio de Progresividad” y ambos se verían severamente conculcados de progresar la reforma laboral a la baja, lo que pareciera, pretende imponer el Poder Ejecutivo Nacional.
El Presidente Macri, que ha hecho referencia en forma reiterada a la excesiva litigiosidad laboral, vinculándola en forma directa a lo que denominó “industria del juicio”, y “mafia de abogados laboralistas de trabajadores” parece no reparar que el camino que viene transitando con la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo, la reforma a la baja de los coeficientes previsionales, – tanto para determinar el hacer inicial, como los futuros aumentos-, ya han generado una gran cantidad de reclamos judiciales, que en muchos casos dispararon medidas cautelares que autorizan avanzar en el reclamo y que ello se repetirá masivamente en caso de avanzar el Ejecutivo con la pretendida reducción de las indemnizaciones laborales, entre otros planteos posibles para los trabajadores en post de la defensa de sus derechos garantizados constitucionalmente en pactos internacionales de jerarquía constitucional, algunos ya mencionados previamente.
En síntesis, ante el anuncio de que se intentará la reseñada maniobra para imponer in totum la denominada reforma laboral, tal como hiciéramos con anterioridad alertamos sobre la potencial inconstitucionalidad de las mismas y la gran cantidad de reclamos judiciales que ello va a generar, sumado al reclamo popular sindical, gremial y de trabajadores individualmente convocados.
Esperamos que tanto el Ejecutivo como los legisladores nacionales se manejen dentro de los límites que les impone nuestra carta magna y cumplan con su juramento de asunción, a riesgo de que Dios y la Patria se lo demanden.