Por Oscar Cuartango.
La explosión ocurrida en la Escuela Nº 49 de Moreno, actuó como un detonante que puso en la agenda mediática, la cantidad de siniestros que acaecen casi cotidianamente, tanto en el ámbito público, como en el privado, poniendo de manifiesto que ello no es un hecho aislado, sino que se enmarca como una consecuencia derivada del ajuste que se está llevando a cabo en todos los ámbitos del sector público y que, a más de los siniestros en que sin que se pierdan vidas humanas, dejan secuelas incapacitantes en los trabajadores afectados, implican la pérdida de la vida de más de 400 anuales de trabajadores entre el sector público y el privado.
Lo que ocurrió en la Escuela N° 49 es irresponsabilidad laboral, la misma irresponsabilidad que el 9 de septiembre del 2016 costó la vida en sus puestos de trabajo de David Ramallo, mecánico de la Línea 60 de Capital Federal; Richard Alcaráz, obrero de la construcción; y Diego Soraire, operario del INTA Castelar.
A ello cabe agregar a título meramente ejemplificativo, dos hechos que enlutaron a los trabajadores de la construcción de la provincia de Buenos Aires, uno de ellos acaecido en el Partido de Campana, donde tres trabajadores quedaron atrapados bajo kilos de hormigón y madera y tras tres horas sus cuerpos fueron rescatados sin vida (9/11/2016 La Auténtica Defensa de Zárate), el otro en la localidad de Bahia Blanca, donde como consecuencia de un derrumbe en una obra en la calle Soler al 100 que provocó un joven trabajador de 19 años muerto y tres heridos.
Es por ello, que sería saludable, que se potencie la capacidad inspectiva, poniendo énfasis en la prevención de los accidentes y un efectivo control de las normativas laborales vigentes. Y así poder minimizar lo más posible, tragedias como las reseñadas a título meramente enunciativo
Según el informe anual de siniestrabilidad laboral de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante 2016 en la Argentina hubo 389 accidentes mortales en ocasión del trabajo lo que equivale a la muerte de un trabajador cada 22 horas. Estos datos incorporan solamente a los trabajadores registrados.
Por su parte, el sociólogo, coordinador del Taller de Estudios Laborales (TEL) Oscar Martínez, refiriéndose a esas cifras oficiales de “accidentes mortales en ocasión del trabajo” señaló “estas muertes no son, como dice la definición oficial, un accidente que es un hecho súbito y violento. La mayoría son un hecho violento, pero son todas crónicas de una muerte anunciada, como pasó con estos compañeros de Moreno; con la muerte de la Línea 60, se trata de lugares que se saben que están mal y que tienen equipamientos que están mal”. “No se conoce el momento, pero se sabe que va a pasar”, aseguró Martínez refiriéndose a lo que calificó como “asesinatos laborales”. “Este es el resultado concreto de políticas criminales de empresas y gobierno, la vida del trabajador no cuenta, los edificios no están en buenas condiciones y sólo se invierte para tener más ganancias en el caso del sector privado, mientras que en el estatal es un desprecio absoluto por la vida de los trabajadores”.
Frente a la inoperancia de las autoridades, hay que resaltar que esto tiene responsables y que deben pagar por ello quienes permitieron que esto suceda: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.
Cabe recordar que en el caso de David Ramallo, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la Línea 60 venían denunciando constantemente que la nueva cabecera de Barracas no cumplía las garantías mínimas de seguridad. A la empresa no le importó: prefirió reducir sus costos y maximizar sus ganancias poniendo en riesgo la vida del mecánico a quien se le cayó un colectivo encima debido a que el autoelevador venía fallando. La muerte de Diego Soraire fue provocada por la explosión de un biodigestor en el INTA de Castelar, también, los delegados gremiales exigían mejoras en las condiciones de seguridad e higiene en el lugar. El mismo día se sumó la muerte de Richard Alcaráz, atrapado por el derrumbe de una pared de la obra en la que trabajaba.
En todo esto ronda la responsabilidad de los empleadores y de nuestros gobernantes ante la total ausencia y desinterés del estado a partir del 10 de diciembre de 2010.
La solución a estos desgraciados hechos tiene un solo nombre: “Prevención”, que se debe llevar a cabo mediante una intensa actividad de contralor estatal mediante el ejercicio del poder de policía a través de las inspecciones de Salud y Seguridad en el Trabajo, debiendo destacarse la caída de esa actividad inspectiva tanto de parte de la autoridad de aplicación nacional, como en la de la provincia de Buenos Aires.
En el caso particular de la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, a más de la actividad inspectiva, cuenta con otras dos herramientas importantísimas de avanzada, que ha echado al olvido, como son las Comisiones Mixtas de Salud y Seguridad en el Trabajo, tanto en el ámbito público, como privado, creadas mediante las leyes 14.226 y 14.408 y que durante la actual gestión se encuentran totalmente desactivadas, lo cual pone en evidencia un criticable, lamentable e inhumano desinterés por la integridad física y la vida de los trabajadores de su provincia.
La negligencia y políticas de gobierno aplicadas en desinterés por la seguridad de los trabajadores, cobran vidas humanas, pugnando por ajustar gastos donde debe priorizarse, y el trabajador y/o ciudadano común es visto así como un sujeto de consumo sin derechos ni futuro.
¿Hasta cuándo resistirá el Pueblo tal dramática política neoliberal de ajuste?
Un país que conoció los beneficios de la justicia social no puede olvidar su pasado de grandeza y debe emerger en la defensa de sus derechos los de las generaciones venideras.